Nuria Ruiz Tobarra, jueza del juzgado de Catarroja, ha tomado la decisión de citar a declarar como investigados a dos figuras relevantes de la política valenciana: la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de dicho departamento, Emilio Argüeso. Ambas declaraciones están programadas para el próximo 11 de abril. La magistrada también ha convocado como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quienes comparecerán el 14 de abril. Además, se ha previsto la declaración de dos técnicos en calidad de testigos el 29 de abril. Esta información ha sido confirmada en una providencia notificada a las partes y a la que ha tenido acceso ‘Europa Press’.
Aforamiento de Carlos Mazón
En el mismo auto, la jueza Ruiz Tobarra ha desestimado la solicitud de la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià, que pretendía obtener información sobre el uso de vehículos oficiales por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus escoltas durante un periodo crítico, desde las 08:00 horas del 29 de octubre hasta las 08:00 horas del día siguiente. La magistrada ha justificado esta decisión al recordar que Mazón posee la condición de aforado, lo que impide que el juzgado lleve a cabo diligencias de investigación sobre su actuación en el marco de esta causa. Asimismo, la jueza ha desestimado solicitudes similares relacionadas con la entonces consellera de Emergencias y su secretario autonómico, indicando que no hay evidencia de que no asistieran a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) o que su incorporación se hubiera producido con retraso.
En medio de este contexto, el Partido Popular ha salido en defensa de Carlos Mazón tras el último auto judicial. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del partido, Esther Muñoz, ha afirmado en el programa Espejo Público que no existen razones para que el presidente de la Generalitat deba renunciar a su cargo, a pesar de la creciente presión política y las demandas de dimisión por parte de la oposición. Muñoz ha subrayado que el auto judicial «no cambia absolutamente nada» y ha insistido en que, hasta el momento, no hay indicios que sugieran que Mazón pueda ser imputado en relación a su gestión durante la DANA.
