Tras prolongadas negociaciones, el PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que permitirá establecer un nuevo sistema de reparto obligatorio para los menores inmigrantes en situación de emergencia humanitaria. Este pacto busca abordar de manera urgente la situación de más de 5.000 menores no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha destacado que este acuerdo «corrige una desigualdad histórica» y ha señalado que su comunidad recibirá a alrededor de una treintena de estos menores, cifra que, según ella, es menor al número de otros territorios debido al «esfuerzo» previo de su comunidad.
Desde el gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado el acuerdo como un «hito en defensa de los derechos humanos y del interés del menor». Torres ha enfatizado la intensidad de las negociaciones y ha instado al PP y a Vox a cambiar su postura y apoyar la medida. Asimismo, ha reiterado que lo aprobado es de «obligado cumplimiento» para las comunidades autónomas, advirtiendo sobre la posibilidad de conflictos jurídicos en caso de que no se cumpla. La noticia ha sido recibida con satisfacción en Canarias, donde el presidente Clavijo ha calificado el acuerdo como una «magnífica noticia» y ha instado al PP a decidir si quiere ser un partido con aspiraciones de gobernar España o uno que actúe de forma oportunista.
Reacciones de los partidos opositores
La respuesta del PP ha sido inmediata, manifestando su rechazo al acuerdo. Desde la dirección nacional del partido se ha afirmado que las comunidades gobernadas por el PP no acogerán a menores inmigrantes «si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías». El portavoz del PP en el Congreso ha acusado al presidente Sánchez de «mercadear» con los menores, indicando que las condiciones propuestas en negociaciones anteriores no han sido consideradas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha calificado de «lamentable» el acuerdo y ha anunciado su intención de llevarlo ante los tribunales y la Unión Europea. Asimismo, los presidentes de la Junta de Andalucía y Galicia han expresado su desacuerdo, calificando el acuerdo de «chantaje» y «atropello». Por su parte, Vox también ha mostrado su rechazo, tildando el pacto de un nuevo «chantaje de casta separatista».
