Estados Unidos ha prohibido la entrada al país de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, citando su «participación en corrupción significativa». Esta decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien argumentó que Fernández de Kirchner, junto a su exministro de Obras Públicas, Julio De Vido, «abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de soborno», resultando en el desvío de millones de dólares. Esta condena, que implica una sentencia de seis años de prisión para la exmandataria, ha sido calificada por ella misma como un intento de proscripción política.
En un tono irónico, el actual presidente argentino, Javier Milei, celebró la decisión de Estados Unidos con un escueto «Fin». La respuesta de Fernández de Kirchner no se hizo esperar, vinculando la medida del Departamento de Estado con los intereses del presidente ultraderechista, en un contexto electoral que se aproxima. La exmandataria cuestionó la legitimidad de la decisión, sugiriendo que no había cometido ninguna «cripto estafa» en Estados Unidos, en alusión a las acusaciones que enfrenta Milei.
La controversia en torno a la corrupción y el FMI
Fernández de Kirchner también hizo referencia a los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió a Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri, un gobierno de corte neoliberal que contó con el respaldo de la administración Trump. En este sentido, la exmandataria planteó interrogantes sobre la posibilidad de que el FMI vuelva a otorgar asistencia financiera a un gobierno que, según ella, está vinculado a prácticas corruptas. «¿Le van a volver a dar 20.000 millones de dólares al presidente de la cripto estafa?», se preguntó, haciendo hincapié en la necesidad urgente de Milei de obtener apoyo financiero para sostener su programa económico.
La situación económica de Argentina es crítica, con una deuda de 41.000 millones de dólares con el FMI. La reciente aprobación por parte del Congreso de un decreto que permite a Milei firmar un nuevo acuerdo con el organismo, cuyo contenido aún se desconoce, ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad. La administración actual enfrenta el desafío de estabilizar la economía y controlar la inflación, mientras que las acusaciones de corrupción y el contexto político continúan complicando el panorama.
