El pleno de la Asamblea Nacional francesa ha sido escenario de un intenso debate tras la reciente condena de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, quien ha quedado inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. El primer ministro, François Bayrou, ha roto su silencio en la sesión, generando diversas reacciones en el ámbito político.
Bayrou, al responder a las inquietudes planteadas por el diputado socialista Boris Vallaud, ha señalado que «toda decisión penal con consecuencias graves debería ser susceptible de recurso». Esta afirmación ha abierto la puerta a una posible «reflexión» parlamentaria sobre las penas de inhabilitación inmediata, un tema que ha suscitado un amplio debate en la sociedad francesa.
El primer ministro ha matizado que no condena a los jueces, pero ha cuestionado la ley utilizada por los magistrados. Esta postura ha sido recibida con cierto aplauso por parte de Le Pen, aunque ha generado un fuerte rechazo entre los socialistas, quienes han insistido en que «nadie debe poder escapar de la ley». En respuesta, han presentado una contra petición denunciando el «escándalo democrático» que representa la condena contra su partido.
La presión de la extrema derecha y el debate legislativo
La condena de Le Pen ha puesto de manifiesto la creciente presión y el poder de la extrema derecha en Francia. Bayrou, consciente de su minoría en la Asamblea Nacional, ha buscado el apoyo de Reagrupación Nacional, lo que ha llevado a la apertura de un debate sobre la ley de inhabilitación. Esta situación se complica aún más con la reciente declaración del Tribunal de Apelación de París, que ha anunciado una decisión sobre la apelación de Le Pen para el verano de 2026, un plazo más corto de lo habitual.
En medio de este contexto, el presidente del partido Unión de la Derecha por la República, Eric Ciotti, ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley en junio para eliminar la ejecución inmediata de las penas de inhabilitación, argumentando que esta práctica establece una «pena de muerte política». Sin embargo, Bayrou ha respondido que la ley en cuestión fue aprobada por la Asamblea Nacional y que corresponde al Parlamento decidir sobre su posible modificación.
La aprobación de este proyecto de ley podría beneficiar no solo a Le Pen, sino también a otros políticos que enfrentan situaciones similares. François Bayrou, quien ha estado bajo investigación por desvío de fondos del Parlamento Europeo, y Jean-Luc Mélenchon, también investigado por falsos asistentes parlamentarios, podrían verse favorecidos por esta reforma si se lleva a cabo.
El Sindicato de Magistrados ha denunciado la creciente presión sobre el poder judicial, señalando que los ataques a la autoridad judicial y las acusaciones de «justicia politizada» son intolerables en un Estado de derecho. En su comunicado, han enfatizado que los jueces aplican las leyes votadas por los representantes del pueblo, subrayando la importancia de la independencia judicial en una democracia.
