El Gobierno de España ha presentado un borrador de real decreto que endurece de forma significativa los requisitos para la creación y mantenimiento de universidades privadas en el país. La medida más destacada es la exigencia de un mínimo de 4.500 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales (Grado, Máster y Doctorado), lo que podría comprometer la continuidad de al menos catorce universidades actualmente operativas.
Esta nueva regulación, que no modifica la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) pero sí la desarrolla reglamentariamente, establece una serie de criterios estructurales, académicos y organizativos que deberán cumplir todas las universidades, ya sean públicas o privadas, presenciales o virtuales. Entre ellos, además del umbral mínimo de estudiantes, se incluyen la obligación de ofertar titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento, mantener una actividad investigadora suficiente y asegurar que al menos el 50% del alumnado curse estudios de grado.
Aunque la media de estudiantes por universidad privada en España ronda los 11.000, una parte significativa de estas instituciones opera con cifras muy inferiores. Entre las universidades que actualmente no alcanzarían el nuevo mínimo se encuentran Cunef, Esic, Udit, Hespérides o la Universidad del Atlántico Medio.
La reforma también introduce elementos de recentralización institucional, especialmente en el caso de universidades virtuales. Aquellas cuya actividad sea mayoritariamente en línea deberán recibir autorización directa del Gobierno central, con participación de la ANECA y del Congreso de los Diputados, lo que modifica sustancialmente el actual reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.
Casos como los de la UNIR o la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ilustran el impacto de la reforma. Aunque ambas superan ampliamente el umbral de estudiantes, la UNIR podría incumplir el requisito de tener al menos la mitad de su alumnado en estudios de grado, dado su fuerte enfoque en másteres profesionalizantes. Esta circunstancia obligaría a una reestructuración de su oferta o a captar un mayor porcentaje de estudiantes internacionales para acogerse a la única excepción contemplada.
Según un análisis publicado por el Instituto Beatriz Galindo La Latina, la reforma responde a la necesidad de evitar una fragmentación del sistema universitario en microinstituciones con escasa capacidad docente, investigadora y de gestión. Sin embargo, también advierte de los riesgos de una aplicación desigual de la norma, que podría penalizar injustamente modelos innovadores de formación superior, especialmente en el ámbito virtual y profesionalizante.
El decreto no cuestiona la existencia de las universidades privadas, pero impone un marco más exigente que podría provocar alianzas, fusiones o incluso absorciones para adaptarse a los nuevos estándares.
