
El estado de Maine se enfrenta a una demanda del gobierno federal de Estados Unidos debido a su negativa a cumplir con una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que prohíbe a los atletas transgénero biológicos competir en deportes femeninos. Esta orden, emitida en febrero, establece que las agencias federales deben recortar fondos a las instituciones que no se ajusten a esta normativa.
La demanda, presentada por el Departamento de Justicia y anunciada por la Fiscal General Pam Bondi, acusa a Maine de violar el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en instituciones educativas que reciben financiación federal. Bondi afirmó que “el estado de Maine está discriminando a las mujeres al no protegerlas en los deportes femeninos”.
El caso se centra en dos incidentes en los que atletas transgénero biológicos ganaron competiciones femeninas, incluyendo a un saltador con pértiga que se coronó campeón estatal en febrero. Bondi también argumentó que la inclusión de estos atletas en competiciones femeninas no solo es un problema deportivo, sino que también plantea cuestiones de seguridad pública, al permitir que atletas masculinos accedan a baños y vestuarios de mujeres. Además, mencionó que algunas atletas han sufrido lesiones graves en competencias.
La Fiscal General defendió la decisión de llevar a cabo la demanda, afirmando que “no me importa si son uno, dos o cien” los atletas involucrados. Además, el departamento está investigando casos similares en otros estados como Minnesota y California.
Conflicto entre el gobierno federal y Maine
Este litigio representa un nuevo capítulo en la confrontación pública entre la administración Trump y la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills. En febrero, durante un encuentro de gobernadores en la Casa Blanca, Trump cuestionó a Mills sobre su intención de cumplir con su orden y advirtió sobre la posibilidad de perder toda la financiación federal. La gobernadora respondió: “Nos vemos en los tribunales”.
En respuesta a la demanda, Mills calificó la acción como “un ataque esperado en una campaña sin precedentes para presionar al estado de Maine”. La gobernadora considera que la decisión de recortar la financiación escolar federal es “ilegal” y se comprometió a “defender vigorosamente” al estado.
Desde su toma de posesión el 20 de enero, Trump ha emitido numerosas órdenes ejecutivas, incluyendo la prohibición de que hombres biológicos participen en deportes femeninos, la reinstauración de la prohibición de que personas trans sirvan en el ejército y la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en agencias federales que habían sido instaurados por su predecesor, Joe Biden.
La postura de la administración sobre los atletas transgénero ha suscitado críticas por parte de grupos de derechos civiles y defensores de la comunidad LGBTQ. Sin embargo, los partidarios de esta política argumentan que es necesaria para proteger la equidad en los deportes femeninos.