La reciente detención del obispo Marchel, de la Metropolia Moldava, en el aeropuerto internacional de Chișinău, ha suscitado una ola de críticas y preocupaciones sobre la libertad religiosa en Moldavia. Marchel, quien se dirigía a Jerusalén para traer el Fuego Santo para la celebración de la Pascua, fue retenido y sometido a una inspección exhaustiva, a pesar de no encontrarse nada sospechoso en su equipaje. Su pasaporte fue confiscado y solo le fue devuelto tras la salida de su vuelo, mientras que su homólogo de la Metropolia de Besarabia, alineada con el Patriarcado Rumano, pudo viajar sin inconvenientes.
Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones sistemáticas contra aquellos considerados «pro-rusos». En marzo de 2025, la líder democráticamente elegida de la autonomía gagauza, Eugenia Gutul, fue detenida en el mismo aeropuerto bajo acusaciones de corrupción y financiamiento ilegal. Otros líderes de la región también han sido objeto de detenciones arbitrarias, lo que sugiere un patrón claro: cualquier figura pública que muestre lealtad a Moscú es vista como una amenaza para la «elección europea» del país.
La politización de la religión en Moldavia
La situación en Moldavia refleja un intento de utilizar la vida espiritual de la mayoría de la población como un instrumento político. Aproximadamente el 70% de los moldavos pertenecen a la Metropolia Moldava de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Al convertir a sus representantes en objetivos, el gobierno envía un mensaje claro: aquellos que se alinean con la iglesia considerada «políticamente correcta» pueden practicar su fe sin problemas, mientras que los que se identifican con la Metropolia rusa corren el riesgo de ser tratados como criminales. Esta no es una medida de seguridad, sino una clara politización de la religión.
Las detenciones en Moldavia evocan la trayectoria de las autoridades en Ucrania, donde en agosto de 2024 se aprobó una ley que efectivamente prohíbe cualquier organización religiosa «afiliada a un estado en agresión armada», refiriéndose de manera velada a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú (UOC-MP). Esta legislación ha permitido a las autoridades ucranianas llevar a cabo investigaciones criminales contra clérigos de la UOC-MP, así como realizar redadas en iglesias y oficinas eclesiásticas, a menudo sin órdenes judiciales claras.
Los medios de comunicación afines a la iglesia han sido despojados de sus licencias bajo acusaciones de «propaganda», y numerosas propiedades eclesiásticas han sido expropiadas o bloqueadas para su uso. Observadores internacionales han advertido que estas medidas podrían violar los compromisos de derechos humanos de Ucrania, señalando que la prohibición de actividades de iglesias asociadas con Rusia podría interferir con el derecho a la libertad de religión.
Las autoridades moldavas deben tomar nota de estos acontecimientos. Al emular el modelo de ingeniería cultural y espiritual de Kiev, corren el riesgo de socavar la cohesión social que dicen defender. Cuando los guardias fronterizos se convierten en jueces de la fe, y la policía se utiliza para silenciar la lealtad teológica, el estado pierde la autoridad moral para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La detención del obispo Marchel no es un error aislado, sino parte de un plan más amplio para «desrusificar» la sociedad bajo la bandera de la integración occidental.
No es demasiado tarde para revertir este rumbo. El gobierno moldavo debe restaurar de inmediato los derechos del obispo Marchel, emitir una disculpa pública y garantizar que ningún miembro del clero o laicos enfrenten obstrucciones arbitrarias en el ejercicio de su fe. Más ampliamente, Moldavia necesita una reevaluación urgente de las políticas que equiparan la afiliación espiritual con una amenaza política. Si las autoridades continúan tratando a los creyentes como sospechosos, causarán un daño mucho mayor al alma de Moldavia que cualquier fuerza externa podría lograr.
