El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha tomado medidas drásticas contra el ex presidente Joseph Kabila, acusándolo de alta traición y de participar directamente en la agresión rebelde contra el Estado. Estas acciones se producen en un contexto de creciente inestabilidad en las provincias orientales del país, donde el grupo rebelde M23 ha logrado controlar extensas áreas de territorio.
El pasado sábado, el Ministerio del Interior congoleño anunció la prohibición de las actividades del Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), la formación política de Kabila, y ordenó la confiscación de sus bienes. Esta decisión se produce tras el regreso de Kabila a la RDC, después de haber pasado dos años en Sudáfrica, donde se había refugiado tras dejar el poder en 2019, en medio de protestas masivas en su contra.
Regreso a Goma y acusaciones de traición
Kabila ha sido visto en Goma, una ciudad que cayó en manos del M23 en enero, lo que ha suscitado críticas por parte del gobierno, que considera su regreso como una “elección deliberada” que pone en duda su lealtad al país. El Ministerio del Interior ha señalado que Kabila y su partido han mantenido una “actitud ambigua” y no han condenado la agresión del M23, lo que ha llevado a la suspensión de sus actividades a nivel nacional.
Además, el Ministerio de Justicia ha recibido instrucciones para iniciar procedimientos legales contra Kabila por su supuesta “participación directa en la agresión liderada por Ruanda a través del movimiento terrorista AFC/M23”. El gobierno congoleño ha acusado repetidamente a Ruanda de alimentar el conflicto en la región, acusaciones que el país vecino ha desmentido.
Las medidas contra Kabila y su partido se producen en un momento crítico, ya que las negociaciones de paz entre el gobierno de Kinshasa y los rebeldes han sido pospuestas. La portavoz de Kabila, Barbara Nzimbi, ha indicado que el ex presidente se dirigirá a la nación en las “próximas horas o días”, mientras que el secretario del PPRD, Ferdinand Kambere, ha calificado la suspensión de actividades como una “violación flagrante” de la constitución de la RDC.
La situación en la RDC continúa siendo tensa, con el M23 capturando importantes ciudades en el este del país, lo que pone en evidencia la fragilidad del gobierno y la complejidad del conflicto que ha asolado la región durante décadas.
