Un tribunal de apelaciones en Rumanía ha suspendido la decisión del Tribunal Constitucional (CRR) que anuló el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado, en la que el candidato independiente Calin Georgescu obtuvo un sorprendente 23% de los votos. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre la integridad del proceso electoral en el país y las acusaciones de interferencia externa.
Georgescu, conocido por su postura crítica hacia la OTAN y su oposición al armamento de Ucrania, se convirtió en una figura mediática en noviembre de 2024 tras su inesperada victoria en la primera ronda electoral. Sin embargo, el Tribunal Constitucional invalidó su triunfo, alegando “irregularidades” en su campaña y citando informes de inteligencia que sugerían una posible interferencia rusa, acusaciones que Moscú ha rechazado categóricamente.
Reacciones y contexto político
El juez Alexandru Vasile del Tribunal de Apelaciones de Ploiesti ha anulado la decisión del CRR, según informan medios locales como HotNews. Esta acción ha sido recibida con satisfacción por George Simion, líder del partido Alianza por la Unión de Rumanos (AUR), quien describió la decisión como un “retorno a la democracia” en una publicación en la red social X. No obstante, Simion también criticó al Buró Electoral Central (BEC), que ha impedido a Georgescu participar en unas elecciones programadas para mayo, afirmando que “ignora” la reciente resolución judicial.
En un contexto más amplio, Georgescu enfrenta serias acusaciones, habiendo sido imputado en febrero por seis cargos criminales, que incluyen supuestos “actos anti-constitucionales” y “promoción de ideologías fascistas, racistas o xenófobas”. El político ha negado todas las acusaciones, argumentando que el caso en su contra es parte de una campaña orquestada por lo que él denomina el “estado profundo” rumano.
Por otro lado, las investigaciones preliminares sobre las “irregularidades” en la campaña de Georgescu han revelado que estas podrían haber sido provocadas por una firma de consultoría asociada con el pro-occidental Partido Nacional Liberal (PNL), que habría llevado a cabo una campaña en favor de un oponente de Georgescu, aunque esta estrategia terminó por volverse en su contra.
En este clima de tensión política y judicial, la situación de Georgescu se complica aún más, ya que actualmente se encuentra bajo un régimen de supervisión judicial que incluye una prohibición de viajar por un período de 60 días. La resolución del Tribunal de Apelaciones podría abrir nuevas vías para el candidato, pero también plantea interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del sistema electoral rumano.
