El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha firmado un contrato de 29,8 millones de dólares con la empresa tecnológica Palantir para desarrollar un programa que rastree la información de inmigrantes en situación irregular. Este sistema, denominado Immigration Lifecycle Operating System (ImmigrationOS), tiene como objetivo facilitar las deportaciones, lo que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad. Según Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, esta medida representa “una aberración” y una vulneración de los derechos humanos.
ImmigrationOS busca optimizar los recursos del ICE al identificar y detener a inmigrantes a quienes se les atribuyan delitos violentos o que tengan permisos de residencia caducados. Además, promete un seguimiento en tiempo real de aquellos que decidan abandonar el país. Este desarrollo se enmarca en las directrices establecidas por la administración del expresidente Donald Trump, quien consideraba la inmigración irregular como una amenaza significativa para la seguridad nacional. La tecnología empleada por Palantir, que incluye la recopilación de datos biométricos y biográficos, permitirá clasificar a las personas según múltiples categorías, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la dignidad de los afectados.
Desde su creación, Palantir ha trabajado con diversas agencias gubernamentales, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, y ha sido proveedora de programas para el ICE desde 2011. Sin embargo, la expansión de su colaboración con el ICE ha sido objeto de controversia, ya que se teme que facilite políticas de deportación masiva que violen derechos humanos fundamentales. Expertos como Likhita Banerji, de Amnistía Internacional, advierten que la implementación de estas tecnologías puede llevar a un aumento del racismo y la discriminación, convirtiendo a los inmigrantes en sujetos despojados de sus derechos básicos. Esta situación plantea un dilema ético sobre el uso de tecnología en la gestión de políticas migratorias, en un contexto donde los derechos humanos deben ser una prioridad.
