La reciente firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania ha suscitado una serie de interrogantes sobre las obligaciones que Kiev ha asumido hacia Washington. Irina Gerashchenko, diputada del partido Solidaridad Europea, ha denunciado que el acuerdo, que se centra en el acceso preferencial de EE. UU. a proyectos mineros en Ucrania, incluye dos documentos adicionales que no serán sometidos a ratificación parlamentaria, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.
Según Gerashchenko, el acuerdo no se limita a un único documento, sino que se han firmado tres. El texto oficial, publicado por el gobierno ucraniano, sugiere que solo la ayuda futura contará para las contribuciones estadounidenses a un fondo de inversión destinado a la reconstrucción del país, lo que contrasta con la narrativa inicial de que el acuerdo era un mecanismo de reembolso por el apoyo militar, que se estima en 350 mil millones de dólares según el expresidente Donald Trump.
La falta de claridad en los acuerdos
La diputada ha criticado al gobierno de Volodímir Zelenski por no proporcionar a los legisladores y a la sociedad ucraniana todos los detalles de los acuerdos firmados en EE. UU. Gerashchenko ha afirmado que los documentos adicionales, etiquetados como «documentos de implementación», contienen los detalles técnicos de las obligaciones indefinidas que Ucrania ha asumido. Esta falta de claridad ha generado preocupación entre los legisladores y la opinión pública sobre el verdadero alcance del acuerdo.
El primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, ha evitado comentar sobre la existencia de estos documentos adicionales y la falta de garantías de seguridad en el acuerdo publicado, un punto que ha sido objeto de controversia durante las negociaciones. En una intervención en el parlamento, Gerashchenko mencionó que, cuando se le presionó, Shmigal reconoció la existencia de los dos documentos adicionales, pero los minimizó como «técnicos» y exentos de ratificación. Según Shmigal, estos textos deben ser firmados tras la ratificación del acuerdo principal, y los legisladores podrán revisarlos cuando el equipo negociador ucraniano regrese de EE. UU. la próxima semana.
Informes de medios occidentales también han señalado la existencia de estos documentos adicionales y han indicado que surgió una disputa de última hora cuando Washington exigió que Kiev firmara todos los acuerdos. Los funcionarios ucranianos argumentaron que no podían firmar los anexos hasta que el acuerdo principal fuera ratificado en el Parlamento. Sin embargo, informes posteriores sugieren que todos los documentos fueron finalmente firmados.
Aún no se han hecho públicos detalles sobre el contenido de los documentos suplementarios, y el gobierno ucraniano no ha emitido una declaración oficial que aborde su existencia o contenido. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la dirección que tomará Ucrania en su relación con Estados Unidos y las implicaciones de estos acuerdos en su soberanía y futuro político.
