Día complicado para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que amaneció este martes con la noticia del acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Junts, al que se han sumado otros socios, para intentar suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Este giro se ha materializado en una nueva derrota parlamentaria para los socialistas. A pesar de sus esfuerzos por defender en el Congreso su ley sobre instrucciones previas en el final de la vida, el PSOE no logró los apoyos necesarios para que esta iniciativa fuese admitida a trámite. Una vez más, se ha fracturado el bloque de la investidura, y han sido Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) quienes se han alineado con el ‘no’, junto al PP.
La diputada socialista Caridad Rives expuso la relevancia del debate: «Hoy debatimos aquí sobre el derecho de todos a decidir libremente. Qué cuidados prefieren cuando se enfrentan a la enfermedad o a una situación clínica sobrevenida. A decidir de acuerdo con los límites y garantías que ofrece la ley. Hablamos de las llamadas instrucciones previas o testamentos vitales». Sin embargo, a pesar de que la votación se presentaba como un trámite sencillo, la realidad ha sido muy diferente. Normalmente, la mayoría de las iniciativas se admiten a trámite, especialmente cuando provienen de aliados. Si surgen diferencias significativas, las propuestas suelen quedar en un segundo plano.
La ruptura del apoyo parlamentario
No obstante, tanto Junts como el PNV decidieron provocar una nueva derrota para el PSOE. Estas formaciones argumentaron que la norma socialista excede las competencias nacionales, colisionando con las autonómicas. En ocasiones anteriores, habían planteado preocupaciones similares, pero optaron por tramitar la ley y abordar estas cuestiones más adelante. Esta vez, sin embargo, decidieron plantar a sus socios en un momento crítico.
El PSOE ha visto cómo, en cada vez más ocasiones, pierde el apoyo de alguno de sus aliados, lo que hace que sus victorias sean cada vez más arduas. Este martes ha sido un claro ejemplo de esta tendencia. Los socialistas han observado cómo el acuerdo entre el PP y Junts, con el respaldo de ERC y el PNV, abre la posibilidad de que el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica se reduzca a un 0%. Esto implicaría para el Estado una pérdida de ingresos de 1.100 millones de euros. Fuentes del PSOE han indicado que están buscando una forma de revertir este pacto, aunque eso suponga la paralización de la ley actual e impulsar un nuevo texto.
