La Comisión Europea se enfrenta a críticas tras la revelación de que su reciente campaña publicitaria en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) ha infringido las regulaciones de privacidad. Esta campaña, destinada a cambiar la percepción pública sobre una controvertida propuesta de regulación de control de chats para la detección de material de abuso infantil, ha sido objeto de una queja presentada por la organización de derechos de privacidad noyb.
Según la declaración de noyb, la Comisión intentó influir en la opinión pública en los Países Bajos mediante el uso de “micro-targeting político”, dirigiéndose específicamente a usuarios con inclinaciones políticas liberales y de izquierda. Este enfoque ha suscitado preocupaciones sobre la manipulación de la opinión pública y la falta de transparencia en las estrategias de comunicación de la UE.
Controversia en torno a la legislación sobre material de abuso infantil
La propuesta de ley de 2022 sobre el material de abuso sexual infantil (CSAM) ha sido objeto de críticas por parte de activistas de derechos digitales, quienes advierten que podría obligar a las aplicaciones de mensajería a realizar una vigilancia masiva en línea con el objetivo de identificar y reportar dicho material. En junio, el Consejo de la UE decidió retirar temporalmente la votación sobre esta legislación, lo que refleja la creciente resistencia a medidas que podrían comprometer la privacidad de los usuarios.
Noyb, cuyo nombre proviene de la frase “None of Your Business”, ha señalado que la estrategia de la Comisión incluyó el uso de “datos proxy” para dirigirse a grupos específicos, excluyendo deliberadamente a audiencias conservadoras. Este enfoque ha sido criticado por utilizar opiniones políticas sensibles sin el consentimiento explícito de los usuarios, lo cual contraviene las regulaciones de la UE.
Felix Mikolasch, abogado de protección de datos de noyb, ha declarado que “usar preferencias políticas para anuncios es claramente ilegal”. A pesar de que muchas entidades políticas recurren a estas tácticas, las plataformas en línea a menudo no toman medidas efectivas para frenar estas prácticas.
La Comisión Europea, por su parte, ha argumentado que la responsabilidad recae en la plataforma X, que debería haber implementado la campaña de acuerdo con las normas vigentes. Sin embargo, la Comisión también ha afirmado que “no tenía la intención de activar el procesamiento de categorías especiales de datos personales”.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) ha confirmado que la UE actuó de manera ilegal, aunque solo emitió una reprimenda sin imponer una multa, dado que la práctica cesó. Este episodio pone de manifiesto la tensión entre la protección de datos y la necesidad de abordar problemas sociales críticos, como la explotación infantil en línea.
La situación actual refleja un dilema más amplio en el que se encuentran muchas democracias occidentales: la búsqueda de un equilibrio entre la seguridad y la privacidad. En un contexto donde la vigilancia se justifica a menudo en nombre de la protección de los más vulnerables, es fundamental cuestionar hasta qué punto se sacrifica la privacidad individual en el proceso.
