El Gobierno español ha decidido prorrogar las subvenciones al transporte público en un nuevo decreto que se aprobará el próximo lunes 23 de diciembre. Esta medida se enmarca dentro de la continuidad del denominado escudo social, que busca mitigar el impacto de la crisis inflacionaria derivada de la guerra en Ucrania. Actualmente, el régimen de descuentos del 50% en los abonos de transporte finaliza el 31 de diciembre. Este régimen permite que el Ejecutivo central financie un 30% a las comunidades autónomas que apliquen al menos un 20% de subvención, garantizando así una rebaja mínima del 50%. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación indican que el nivel de ayudas podría experimentar una reducción del 10%, aunque el Ministerio de Transportes sostiene que aún se están definiendo los detalles del nuevo paquete de medidas.
Las ayudas al transporte público han estado en vigor durante los últimos dos años y fueron establecidas como respuesta a la crisis económica generada por la inflación. La continuidad de estas ayudas ha sido objeto de debate en las últimas semanas, especialmente entre los socios de coalición, PSOE y Sumar, donde el ala socialista ha mostrado reticencias a extender estas medidas. Finalmente, tras intensas negociaciones, se ha acordado la prórroga, aunque aún resta por determinar su efecto real en la economía de los ciudadanos.
La prórroga de las ayudas incluye diferentes modalidades. Por un lado, se mantendrán los descuentos en los abonos de transporte metropolitano, aunque con una reducción en la contribución del Gobierno. Esta subvención estatal está sujeta a la aportación de las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, la subvención se ha elevado hasta el 60% en los últimos años, combinando el 30% estatal con un 30% de ayuda autonómica. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha advertido que, si se eliminan las subvenciones estatales, también se suspenderían las autonómicas. Esto plantea incertidumbre sobre si, además de la reducción de las ayudas del Gobierno, el descuento a nivel regional también se verá afectado.
Además, las subvenciones para los servicios de Renfe, que permiten la gratuidad a usuarios frecuentes de trenes de Cercanías o Media Distancia y un descuento del 50% en trenes Avant, también se encuentran en revisión. A falta de la aprobación definitiva del decreto, el Ministerio de Transportes ha señalado que estas ayudas dejarán de ser universales, optando por un diseño más específico y complejo, aunque se mantendrán «importantes bonificaciones».
Discusiones Internas en el Gobierno
El Ministerio de Transporte ha mostrado una postura más crítica respecto a la prolongación de estas ayudas, argumentando que durante los dos años de aplicación no se ha logrado uno de los principales objetivos: disminuir el uso del vehículo privado en favor del transporte público. En contraste, el Ministerio de Hacienda se ha mostrado más favorable a mantener las subvenciones para garantizar el apoyo de sus aliados parlamentarios.
El escudo social sufrirá ajustes en línea con las exigencias de la Comisión Europea, que aboga por una reducción progresiva de las ayudas extraordinarias implementadas durante la crisis. Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta que no es viable mantener medidas temporales y excepcionales de forma indefinida, especialmente con una inflación que ha mostrado signos de desaceleración.
El propio presidente Pedro Sánchez ha manifestado su disposición a extender algunas de estas medidas sociales hasta 2025, aunque no ha especificado cuáles. La intención del Gobierno parece centrarse en aplicar un enfoque más selectivo, evitando la extensión generalizada de todas las medidas anticrisis, y buscando acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios para conseguir el respaldo necesario para el decreto.
