La Fiscalía de Valencia ha manifestado su apoyo a la investigación judicial sobre las responsabilidades penales derivadas de la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre. Este fenómeno meteorológico dejó un saldo provisional de 223 víctimas mortales y cuatro desaparecidos, además de causar daños millonarios en 82 municipios de la provincia de València. La fiscalía ha solicitado que, en caso de encontrarse indicios contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se eleve una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El TSJCV decidió el pasado viernes acumular en una misma causa las siete denuncias y querellas presentadas contra Mazón en el último mes. Esta decisión responde a que todas las acciones legales se basan en «los mismos hechos» relacionados con las inundaciones y la falta de respuesta ante las alertas emitidas por diversas instituciones. Los demandantes y querellantes acusan a las «máximas autoridades autonómicas valencianas» de no haber tomado las decisiones necesarias para mitigar la catástrofe, a pesar de los avisos de alerta que se estaban emitiendo.
Responsabilidades penales y omisiones en la gestión
La fiscal María José Montesinos de Lago, de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, señala en su escrito que las denuncias revelan una relación de causa y efecto que podría implicar una responsabilidad criminal objetiva. Según el escrito, todos los querellantes coinciden en que las autoridades omitieron el cumplimiento de sus deberes, lo que agravó la magnitud de la tragedia.
La Fiscalía ha argumentado que es «más que razonable realizar una única instrucción» en este caso, dado el número de denunciados, la complejidad de los hechos y el gran número de perjudicados. Esta decisión busca gestionar de manera eficiente una investigación que involucra a múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos.
A pesar de la magnitud de la tarea, la Fiscalía sostiene que corresponde a un Juzgado de Instrucción realizar una investigación exhaustiva que aclare los hechos y determine la intervención o inacción de cada uno de los denunciados, incluyendo a Mazón y la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas. En caso de que la investigación revele indicios de criminalidad, se deberá elevar una exposición razonada para que el TSJCV actúe en consecuencia, dado que el presidente de la Generalitat está aforado.
