El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se encuentra en el centro de una controversia judicial tras la decisión del Congreso de los Diputados de acreditar su condición de diputado electo por Valencia. El Tribunal Supremo ha solicitado un suplicatorio al Congreso para poder juzgarlo, en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia de COVID-19. Según el magistrado de la Sala Penal, Leopoldo Puente, hay indicios de la posible comisión de al menos cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Proceso del Suplicatorio
Desde el momento en que los diputados prometen lealtad a la Constitución, adquieren la condición de aforados, lo que implica que su respuesta ante la justicia se gestiona de manera diferente al resto de los ciudadanos. En este caso, Ábalos solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo, pero previamente este tribunal debe obtener autorización del Congreso para proceder con la investigación, lo que da pie al presente suplicatorio.
Una vez que el Tribunal Supremo remite el suplicatorio a la presidenta del Congreso, esta debe llevarlo a la Mesa de la Cámara Baja. En un plazo de cinco días, se remitirá a la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano que se encargará de elaborar un informe sobre el caso. Esta comisión dispone de un mes para completar su trabajo y deberá escuchar la versión de Ábalos, quien podrá presentarla de forma escrita o de manera presencial.
Con el dictamen de la comisión listo, el pleno del Congreso deberá decidir si concede o no el suplicatorio. La votación se realiza a puerta cerrada y de forma secreta. Posteriormente, en un plazo máximo de ocho días, la presidenta del Congreso deberá informar al Tribunal Supremo sobre la decisión adoptada. Además, según el reglamento del Congreso, se establece la obligación de comunicar al Tribunal Supremo cualquier Auto o Sentencia que afecte al diputado.
Aprobación de Suplicatorios en el Congreso
Históricamente, el Congreso ha aprobado todos los suplicatorios enviados por el Tribunal Supremo en los últimos veinticinco años, salvo uno, que fue rechazado en 1988. Este caso, que involucraba al exministro del Interior José Barrionuevo, se refería a un delito contra el honor. Ante la actitud del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se prevé que el Congreso conceda el visto bueno al suplicatorio contra Ábalos, aunque el proceso legislativo deberá seguir su curso establecido.
