El Gobierno de España se prepara para cumplir con su compromiso hacia el arco progresista del bloque de investidura, aprobando un decreto que prorroga el impuesto a las compañías energéticas, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre. Esta decisión se tomará en el Consejo de Ministros del próximo lunes, a pesar de que se anticipa el rechazo a su convalidación por parte del PNV y Junts en el Congreso, donde se someterá a votación a finales de enero. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, se optará por una redacción que evite la inseguridad jurídica que implicaría la aprobación de un impuesto que caducaría unas semanas después.
La estrategia del Ejecutivo se basa en jugar con los plazos, retrasando la entrada en vigor del impuesto hasta después de la votación en el Congreso, posiblemente hasta febrero. En caso de que el decreto se convalide, el impuesto se aplicaría de forma retroactiva desde el 1 de enero. Si el Congreso lo tumba, el impuesto no llegaría a entrar en vigor.
Este gravamen se presentará como un decreto separado del impuesto al diésel y del denominado escudo social. El PNV ha reiterado que votará en contra de la convalidación del decreto ómnibus si incluye la prórroga del impuesto a las grandes energéticas, considerándolo una línea roja. A pesar de ello, el Gobierno ha acordado la prórroga de este impuesto con ERC, EH Bildu y BNG, además de con Podemos, a cambio de su apoyo en la reforma fiscal, sin garantizar el respaldo de PNV y Junts.
Medidas del escudo social
El Ejecutivo también trabaja en un decreto ómnibus que incluirá algunas medidas del escudo social, aunque no todas, debido a la disminución de las causas que motivaron su creación, en consonancia con la bajada de la inflación. A pesar de las presiones de algunos socios, el Ministerio de Hacienda se muestra decidido a reducir progresivamente las ayudas extraordinarias anticrisis, evitando su generalización, tal y como exige la Comisión Europea.
Desde el Gobierno se argumenta que la situación económica actual es muy diferente a la de febrero de 2022, cuando se inició la guerra en Ucrania. La inflación, que actualmente ronda el 2,4%, está en una senda descendente. En este contexto, se prevé la prórroga de subvenciones al transporte, aunque con una posible reducción del 10%. Los detalles del paquete de medidas aún están en negociación.
Entre las prioridades de los socios de investidura se encuentra la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la protección frente a cortes de suministros básicos. También se demandan prórrogas en las bonificaciones para el uso del transporte público y los descuentos ampliados en el bono social eléctrico, aunque se ha aprobado una reducción progresiva de estas ayudas hasta el próximo julio.
La necesidad de contar con una norma de rango legal es crucial para que el Gobierno pueda llevar a cabo la revalorización de las pensiones el próximo año. Sin embargo, la inclusión de esta medida en el decreto escoba de fin de año podría resultar insuficiente, ya que algunos socios parlamentarios se muestran dispuestos a dejar caer todo el decreto, incluso si incluye la subida de las pensiones.
