El Congreso de los Diputados se prepara para celebrar su último pleno del año, donde se someterán a votación dos leyes de vital importancia que provienen del Senado: el paquete fiscal y la ley de eficiencia de la justicia. Estas normativas representan un desafío significativo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita consolidar una compleja red de apoyos para su aprobación.
El paquete fiscal, que requirió intensas negociaciones antes de su paso por el Congreso, regresa para su aprobación definitiva tras la reciente modificación del texto por parte de Junts y el PP en el Senado. Este acercamiento entre ambas formaciones, que se ha producido en varias ocasiones en los últimos días, ha generado inquietud sobre la posibilidad de que se repitan alianzas en el Congreso que podrían poner en peligro la estabilidad del Ejecutivo.
A pesar de que Junts ha manifestado su respeto hacia el acuerdo alcanzado previamente con el PSOE en el Congreso, la formación liderada por Carles Puigdemont ha subrayado que no se considera parte del bloque gubernamental y que su apoyo no puede darse por hecho. Las enmiendas presentadas por Junts incluyen la reducción del IVA en productos lácteos al 4% y la exención de cotizaciones para trabajadores que actúan como monitores de menores en organizaciones deportivas sin ánimo de lucro.
La primera de estas enmiendas fue aprobada gracias al apoyo del PP, mientras que la segunda recibió una mayoría favorable en la Cámara, incluyendo los votos del PSOE. En el pleno de hoy, se prevé que las enmiendas del Senado sean votadas por separado, aunque se anticipa que Junts no apoyará las propuestas del PP, lo que podría llevar a que se regrese al texto original acordado con los socios del Gobierno. Este texto incluye medidas como la imposición de un tributo sobre los márgenes de intereses y comisiones bancarias, un impuesto a los productos de vapeo y un incremento del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros.
Normativa sobre la Eficiencia del Servicio Público de Justicia
La segunda norma que se votará en el pleno es la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que enfrenta la oposición de Podemos, que podría optar por no levantar el veto del Senado, incluso si ello implica una abstención. La formación morada exige que se anule una enmienda que permite acelerar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada, un tema que ha suscitado controversia entre los diferentes grupos políticos.
Dicha enmienda fue introducida por el PNV y recibió el respaldo de varios partidos, incluidos PP, Junts, UPN, CC, ERC y Bildu. Sin embargo, algunos de estos partidos han manifestado posteriormente que su voto fue un error. Además, en esta sesión, el Congreso también votará sobre el dictamen de la comisión sobre la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, así como la convalidación de un decreto gubernamental destinado a ayudar a los afectados por la dana.
Este pleno marca el cierre de un año parlamentario en el que el Gobierno ha enfrentado numerosos desafíos, habiendo perdido más de 70 votaciones, pero logrando salvar otras en el último momento. Se espera que este jueves se sumen a la lista de normas aprobadas un total de 25, un indicador de la actividad legislativa del primer año de la actual legislatura.
