El 27 de noviembre de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo un análisis exhaustivo del teléfono móvil y el ordenador del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante la investigación, se encontró en su correo privado un expediente fiscal relacionado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el cual había sido remitido el 13 de marzo por sus subordinados y que se filtró esa misma noche. Sin embargo, en el teléfono móvil de García Ortiz no se hallaron mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de la información en su entorno.
A pesar de la falta de mensajes personales, la UCO logró recuperar 25 comunicaciones enviadas por García Ortiz a sus subordinados, en las que exigía la entrega del mencionado expediente. Esta situación pone de manifiesto la complejidad del caso y la posible manipulación de la información relacionada. Los mensajes eliminados por el fiscal general se sitúan en un periodo crítico, donde se entrelazan intereses políticos y judiciales.
Intercambio de mensajes clave
El 8 de marzo, García Ortiz envió un mensaje de WhatsApp a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, mencionando su pasado como directora general en Justicia durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, el 13 de marzo, a las 20:10, contactó nuevamente a Rodríguez solicitando que le llamara. Esta comunicación fue seguida de un intercambio de mensajes que revela el interés del fiscal general en obtener información sobre el caso del novio de Ayuso.
Entre las 21:54 y las 23:30 del mismo día, García Ortiz presionó a Rodríguez para que le enviara correos relacionados con el caso, incluso solicitando que se le remitieran a su correo privado. Este detalle es particularmente significativo, ya que sugiere un intento de eludir la transparencia que debería regir en la comunicación institucional.
El intercambio concluyó a la 0:12 del 14 de marzo, cuando García Ortiz envió una nota de prensa a Rodríguez y continuó haciendo preguntas sobre el estado del caso, lo que indica su involucramiento directo y su deseo de controlar la narrativa en torno a la investigación.
En paralelo, se desvela una estrategia de comunicación política donde Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, se enfrenta a la presión de sus asesores para utilizar la información sobre el novio de Ayuso con el fin de desviar la atención de otras crisis políticas, como las elecciones en Cataluña. Su jefe de prensa, David del Campo, le advierte sobre la necesidad de generar «máximo ruido y jaleo» para ocultar otros asuntos, lo que añade una capa más de complejidad al contexto político en el que se desarrolla esta investigación.
Los mensajes de Lobato y su equipo revelan la presión que sienten para filtrar información sensible y aprovecharla en su beneficio político, lo que pone de manifiesto las tensiones entre la ética en la comunicación política y la lucha por el poder. En este entramado, el fiscal general García Ortiz se encuentra en una posición delicada, ya que su deber de mantener la integridad del sistema judicial está en juego frente a las maniobras políticas que buscan desestabilizar a la oposición.
