Una coalición de grupos ambientales ha presentado una demanda contra la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) en un tribunal superior del condado de Fresno. La denuncia, realizada el miércoles, se centra en la reciente actualización de un programa climático clave, el Estándar de Combustible de Bajo Carbono (LCFS), que según los demandantes, podría aumentar la contaminación en el Valle de San Joaquín, una de las regiones más afectadas por la polución en el estado.
Los grupos que han interpuesto la demanda incluyen el Leadership Counsel for Justice and Accountability, Food & Water Watch, el Animal Legal Defense Fund y Defensores del Valle Central para el Aire y Agua. En un comunicado, María Arévalo, portavoz del grupo Defensores del Valle Central para el Aire y Agua Limpio, expresó su preocupación por la falta de atención a los efectos negativos en la salud pública y el medio ambiente que podrían derivarse de la actualización del LCFS, que prioriza prácticas contaminantes sobre soluciones sostenibles.
Controversia y críticas al programa
El pasado noviembre, la CARB votó para fortalecer el LCFS, un programa creado en 2011 que busca incentivar la producción de combustibles de bajo carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. Este programa, que cuenta con un sistema de comercio de créditos valorado en 2.000 millones de dólares, ofrece incentivos financieros a las empresas que producen combustibles menos contaminantes, como los biocombustibles derivados de desechos agrícolas y ganaderos.
Sin embargo, la actualización del programa ha suscitado preocupaciones por su posible impacto en el aumento de los precios de la gasolina y por los efectos medioambientales negativos asociados a los biocombustibles. Aproximadamente el 80% de los créditos anuales del programa se destinan a las industrias de gas natural renovable, biodiésel y diésel renovable. Los críticos argumentan que estos combustibles perpetúan prácticas de desecho perjudiciales en algunas de las regiones más contaminadas de California, contribuyendo además a la escasez de alimentos en el extranjero y a la deforestación global.
Según la demanda, la CARB habría violado la Ley de Calidad Ambiental de California al no evaluar adecuadamente los impactos ambientales del combustible derivado del estiércol de granjas industriales. Los demandantes sostienen que la agencia ofrece subsidios excesivos a los agricultores que instalan sistemas costosos de gestión de estiércol para capturar metano y utilizarlo como combustible, afectando desproporcionadamente a las comunidades latinas en el Valle de San Joaquín.
Los demandantes concluyen que la revisión ambiental llevada a cabo por la CARB «no puede respaldar un proceso significativo o decisiones informadas sobre las enmiendas al LCFS». Un portavoz de la agencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
