El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una nueva prueba de fuego tras la reciente decisión de Carles Puigdemont, quien ha contribuido a la aprobación de la supresión del impuesto a las energéticas al aliarse con el Partido Popular. Esta maniobra, además de marcar un revés para los socialistas, evidencia las complejidades y tensiones que caracterizan la actual legislatura. A pesar de las dificultades, el Ejecutivo ha logrado avanzar en otros aspectos de su paquete fiscal, pero la tensión política sigue latente en cada sesión parlamentaria.
La habilidad del Gobierno para navegar en este entorno crítico ha sido notable. Los socialistas han aprendido a gestionar su relación con los independentistas catalanes, tanto de izquierdas como de derechas, lo que les permite mantenerse en el poder a pesar de las constantes amenazas de inestabilidad. En un reciente evento de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, algunos miembros del Gobierno se mostraron satisfechos al destacar la aprobación de 25 iniciativas legislativas, un logro que, aunque no es monumental, refleja la capacidad de maniobra del Ejecutivo en un contexto adverso.
Sin embargo, la percepción de una «persecución» hacia Sánchez, como ha declarado el propio presidente, resuena entre sus ministros. Este sentimiento se alimenta de las acciones de ciertos sectores del Poder Judicial y de un Partido Popular que se muestra cada vez más confiado ante la posibilidad de recuperar el poder. A pesar de los desafíos, tanto ERC como Junts parecen reticentes a provocar una crisis mayor que pudiera derrocar al Gobierno, conscientes de que su propia estabilidad política está entrelazada con la continuidad de Sánchez en el cargo. La situación, aunque complicada, sugiere que los aliados del Gobierno están dispuestos a mantenerlo con vida, al menos hasta que se vislumbren alternativas más favorables para sus intereses.
