La situación en Mozambique se ha vuelto crítica tras la confirmación por parte del Tribunal Constitucional de la victoria del partido Frelimo en las elecciones generales disputadas. Desde finales de octubre, el país ha estado sumido en el caos, con un saldo trágico de al menos 21 muertos en los recientes estallidos de violencia, según ha informado el ministro del Interior, Pascoal Ronda.
Las elecciones, celebradas el 9 de octubre, fueron objeto de controversia desde el principio. Daniel Chapo, candidato presidencial del Frelimo, fue declarado ganador, pero Venancio Mondlane, líder del partido opositor Podemos, denunció lo que calificó de “fraude masivo” y convocó a sus seguidores a protestar contra los resultados. Observadores internacionales, incluidos representantes de la Unión Europea, también señalaron irregularidades en el proceso electoral, como cambios injustificados en los resultados y problemas en el conteo de votos.
Reacciones y violencia en las calles
El Tribunal Constitucional, en su fallo, redujo el porcentaje de votos que Chapo había recibido, estableciendo que obtuvo el 65% en lugar del más de 70% anunciado previamente por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE). Además, el tribunal otorgó menos escaños al Frelimo en el parlamento y aumentó el porcentaje de votos de Mondlane al 24%, superando el 20% que la CNE había reportado.
A pesar de reconocer que se habían producido irregularidades, la jueza Lucia Ribeiro, quien anunció la decisión del tribunal, minimizó su impacto en los resultados. Esta afirmación fue rechazada por Judite Simao, representante de Mondlane, quien expresó que “nunca pensamos que la verdad electoral sería pisoteada. La voluntad del pueblo fue obliterada”.
Las protestas estallaron inmediatamente después del anuncio del tribunal, con manifestantes incendiando neumáticos en las calles de ciudades como Maputo y Nampula, lo que provocó enfrentamientos con la policía. En un informe de prensa, Ronda indicó que en un período de 24 horas se registraron 236 “actos de violencia grave”, incluyendo la quema de vehículos y ataques a unidades policiales y centros penitenciarios, resultando en la liberación de alrededor de 86 reclusos.
El balance de la violencia ha sido devastador: al menos 130 personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas en octubre, según datos de la Plataforma Decide, un grupo de monitoreo de la sociedad civil. Este organismo también reportó que, entre el 21 de octubre y el 15 de diciembre, la policía disparó contra 345 personas y detuvo a 3,636.
Ante esta escalada de violencia, el ministro Ronda anunció que las fuerzas armadas y de defensa aumentarán su presencia en puntos críticos del país, en un intento por restaurar el orden en una nación que ha visto cómo la esperanza de una democracia estable se desmorona ante la represión y el descontento popular.
