El PSOE ha solicitado formalmente la apertura de un expediente sancionador contra el juez Manuel Ruiz de Lara tras sus recientes comentarios despectivos hacia Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un mensaje publicado en la red social X, Ruiz de Lara se refiere a Gómez con el apodo «barbigoña» y en su texto insinúa que su nombramiento como Ministro de Justicia es inminente, lo que ha generado una oleada de críticas entre los socialistas. El contenido del mensaje, que incluía imágenes de la pareja presidencial, ha sido calificado por el PSOE como un ataque personal que excede los límites de la decencia y el respeto que deben caracterizar a un miembro de la judicatura.
Comportamiento inaceptable
Desde el PSOE, se ha recordado que este no es un incidente aislado, ya que el magistrado ya había sido objeto de investigaciones anteriores por comentarios igualmente ofensivos, en los que llegó a calificar a Pedro Sánchez de «psicópata». Los socialistas han expresado su preocupación por estos comportamientos, que, según su opinión, socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. «El respeto y la imparcialidad son los pilares sobre los que debe basarse la conducta de cualquier juez», resaltan desde el partido, enfatizando que los ataques personales por parte de un magistrado no solo afectan a los individuos implicados, sino también a la integridad de la institución judicial en su conjunto.
A pesar de las peticiones del PSOE, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya había rechazado la posibilidad de sancionar a Ruiz de Lara por insultos previos dirigidos al presidente en junio. El juez es conocido, además, por su participación activa en la esfera asociativa, y su reciente nombramiento como vocal del Tribunal calificador ha levantado polémica. En este contexto, el PSOE exige que se tomen medidas disciplinarias adecuadas para garantizar que todos los miembros de la judicatura actúen con los estándares más altos de profesionalidad y respeto, recordando que la justicia debe estar al servicio de la ciudadanía y no ser utilizada como herramienta de ataques políticos o intereses personales.
