La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el ámbito judicial español, ha manifestado su preocupación por la reciente propuesta del PSOE que busca limitar la acusación popular. En una carta dirigida a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, la APM califica esta iniciativa de «nuevo ataque» al Estado de derecho, argumentando que, si se aprueba, podría obstaculizar gravemente la investigación de casos relacionados con la corrupción.
Según la APM, la propuesta del PSOE no solo favorecería la impunidad de ciertos individuos, sino que también podría resultar en el archivo de diversas causas penales de gran relevancia mediática, que actualmente están siendo investigadas en varios juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La asociación sostiene que la reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular, tal como está regulada en el artículo 125 de la Constitución, limitando su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades tanto públicas como privadas.
Reacciones políticas ante la propuesta del PSOE
Partidos como el PP y Sumar han expresado su rechazo a la limitación de la acusación popular. Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha calificado la proposición de ley del PSOE como un «atropello democrático» y ha afirmado que su partido tomará acciones en todos los ámbitos posibles para combatir lo que consideran un intento de impunidad. Sémper ha subrayado que no permitirán que se otorgue «amnistía» de forma retroactiva a quienes hayan cometido delitos, argumentando que esta iniciativa limita no solo la acción popular, sino también la dignidad de las instituciones.
Por su parte, Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, ha reiterado la oposición de su partido a cualquier limitación de la acusación popular, considerándola un instrumento fundamental en el acceso a la justicia. Urtasun ha defendido la importancia de esta figura legal y ha manifestado que no respaldarán ninguna medida que restrinja su ejercicio, especialmente cuando la judicatura también se ha manifestado en defensa de su relevancia en el sistema judicial.
El PSOE, en su propuesta, plantea la prohibición del ejercicio de la acusación popular por parte de partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos, justificando la medida como una forma de proteger los derechos fundamentales frente a lo que consideran acciones judiciales abusivas. La normativa busca, además, garantizar la independencia de los jueces, evitando la politización de la justicia, aunque las críticas persisten en torno a sus implicaciones en la lucha contra la corrupción y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
