Un tribunal británico ha decidido que un hombre jamaicano, condenado por un delito de agresión sexual, no puede ser deportado a su país de origen debido a su orientación sexual. Este fallo ha suscitado un intenso debate en el Reino Unido sobre la política de deportaciones y la protección de los derechos de las personas LGBTQI+.
El individuo, conocido solo como AA, fue condenado en 2018 a siete años de prisión por forzar a una mujer a mantener relaciones sexuales mientras estaba dormida. Durante su juicio, parte de su defensa se basó en la afirmación de que no sabía que su conducta constituía un delito. Tras cumplir la mitad de su condena, fue liberado en junio de 2021, pero el Ministerio del Interior británico consideró que representaba un «peligro para la comunidad» y trató de proceder a su deportación a Jamaica.
Argumentos del tribunal y contexto social
AA impugnó la decisión de deportación, alegando que su vida estaría en peligro si regresara a Jamaica, donde ha sido víctima de violencia debido a su orientación sexual. En su testimonio, mencionó haber mantenido una relación con un hombre mayor durante su adolescencia, quien fue asesinado, y relató haber sufrido múltiples agresiones, que le dejaron cicatrices en el cuerpo.
El tribunal de apelación, presidido por la jueza Melissa Canavan, respaldó la decisión inicial de no deportar a AA, citando la «fuerte evidencia» sobre la arraigada homofobia y actitudes anti-LGBTQI+ en Jamaica. La jueza argumentó que era «razonablemente probable» que AA enfrentara un trato similar al que había experimentado anteriormente en su país natal.
La reacción del Ministerio del Interior no se hizo esperar. A través de un comunicado, la entidad afirmó que no se disculpa por su intención de deportar a delincuentes extranjeros lo más rápido posible, subrayando que es de interés público que estos individuos sean eliminados del país sin demoras.
La decisión del tribunal ha generado críticas, incluso de figuras políticas como el exministro de Seguridad británico, John Hayes, quien calificó el fallo como «un insulto a todas las víctimas». Este caso pone de relieve las tensiones entre la protección de los derechos humanos y la política de deportaciones en el Reino Unido, un tema que sigue siendo objeto de debate en la sociedad británica.
