El fenómeno de la radicalización entre los jóvenes es un reto complejo que requiere una atención cuidadosa por parte de las autoridades gubernamentales. La investigación de la estudiante de doctorado Nina van Capelleveen aborda los riesgos que pueden surgir cuando se aplican medidas legales en este contexto, especialmente en lo que respecta a los derechos fundamentales de los menores.
En su tesis doctoral, titulada Radicalisering bij minderjarigen en overheidsingrijpen (Radicalización entre menores y la intervención del gobierno), Van Capelleveen enfatiza la necesidad de establecer salvaguardias legales. Estas incluyen un proceso de toma de decisiones verificable, revisión judicial y una atención especial a los intereses de los jóvenes, con el fin de prevenir intervenciones gubernamentales ilegales.
El papel de las autoridades en la radicalización
La investigación se centra en cómo se puede aplicar la ley en respuesta a señales de radicalización, especialmente dentro del marco del derecho penal juvenil, el derecho administrativo y la ley de protección infantil. Para obtener una visión clara de la respuesta actual del gobierno, Van Capelleveen entrevistó a profesionales que trabajan en el ámbito de la radicalización, incluidos miembros de la policía, municipios, la Fiscalía y la unidad de contra-terrorismo de Países Bajos (NCTV).
El estudio plantea la cuestión de hasta dónde pueden llegar las autoridades gubernamentales, según los derechos internacionales de los niños y los derechos humanos, para salvaguardar la seguridad nacional y la protección del desarrollo de los menores en casos de radicalización.
Es fundamental que existan salvaguardias claras, como la toma de decisiones verificable y la revisión judicial, que garanticen la protección de los derechos de los menores y prevengan intervenciones gubernamentales ilegales.
La tesis revela que los instrumentos legales utilizados en los Países Bajos para abordar la radicalización se han ampliado en los últimos años, particularmente en respuesta a la radicalización yihadista. Esto permite que las autoridades intervengan más rápidamente al detectar señales de radicalización.
Entre los posibles instrumentos legales se incluyen:
- Medidas de protección infantil y la colocación de un menor en atención juvenil segura bajo la ley de protección infantil.
- Prohibiciones e instrucciones bajo la ley penal, como órdenes de prohibición de contacto, obligaciones de informar, restricciones en el uso de redes sociales o la obligación de mantener conversaciones con un experto en creencias religiosas.
- Medidas bajo el derecho administrativo, que incluyen órdenes de exclusión, prohibiciones de viaje o intervenciones que afectan el pasaporte de un menor.
Los menores son particularmente vulnerables cuando las autoridades gubernamentales actúan ante señales de radicalización, ya que su edad y etapa de desarrollo los hacen más susceptibles a este fenómeno. Las intervenciones pueden infringir varios derechos de los niños y derechos humanos, tales como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, el derecho a la vida familiar, la libertad de movimiento y la prohibición de tortura y tratos inhumanos.
Van Capelleveen aboga por un enfoque más específico hacia los jóvenes en la radicalización, sugiriendo que esta problemática se analice desde una perspectiva de cuidado y desarrollo. Además, recomienda una mayor claridad y uniformidad en la definición del término «radicalización» a nivel nacional, ya que las diversas interpretaciones actuales generan diferencias significativas en cuanto a las señales y los menores que se incluyen en el enfoque contra la radicalización.
Para avanzar en este ámbito, propone la creación de un marco de toma de decisiones para los responsables nacionales (Fiscalía, Junta de Protección Infantil y NCTV) que permita desplegar instrumentos legales en el abordaje de la radicalización, siempre respetando los derechos de los niños.
