Taiwán ha llevado a cabo su primera ejecución en cinco años, lo que ha suscitado una ola de críticas por parte de organismos de derechos humanos y de la Unión Europea (UE), que abogan por mantener una moratoria de facto sobre la pena de muerte. El caso involucra a Huang Lin-kai, un hombre de 32 años condenado en 2017 por la violación y asesinato de su exnovia, así como por el asesinato de la madre de la víctima.
El ministro de Justicia de Taiwán, Cheng Ming-chien, firmó la sentencia, argumentando que los actos de Huang fueron «crueles, desalmados» y que mostraron una «falta total de humanidad». El Ministerio de Justicia enfatizó que la ejecución se realizó con «extrema precaución», asegurando que se cumplieran los estándares más estrictos en el proceso, buscando equilibrar los derechos de los condenados con los de las víctimas y sus familias.
La ejecución tuvo lugar en el Centro de Detención de Taipéi y fue verificada por un fiscal y un médico forense. Esta acción ha sido criticada por numerosos organismos civiles, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que expresó su «profundo» pesar por la aplicación de la pena capital. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) también instó a Taiwán a mantener la moratoria de facto y a trabajar hacia la abolición total de la pena de muerte.
Contexto y reacciones
La ejecución se produce casi cuatro meses después de que el Tribunal Constitucional de Taiwán ratificara la constitucionalidad de la pena de muerte, aunque con la recomendación de restringir su uso a los crímenes más graves. A pesar de que la sociedad taiwanesa muestra tendencias progresistas en diversos temas sociales, un estudio reciente indica que cerca del 86% de los ciudadanos se opone a la abolición de la pena capital.
La última ejecución en Taiwán se había llevado a cabo el 1 de abril de 2020, durante la administración de la expresidenta Tsai Ing-wen. Actualmente, hay 36 presos en el corredor de la muerte con sentencia firme en el país. La reciente decisión del gobierno del soberanista William Lai de reanudar las ejecuciones ha generado un intenso debate sobre la aplicación de la pena de muerte en una sociedad que, a pesar de su modernización, sigue aferrándose a prácticas punitivas tradicionales.
