Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha denunciado la aplicación de dobles raseros por parte de los Estados miembros de la UE en relación con las decisiones del Tribunal Penal Internacional (TPI). En un reciente comunicado, Borrell criticó que mientras se exige la detención del presidente ruso, Vladimir Putin, por una orden de arresto emitida por el TPI, la misma presión no se aplica al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Borrell subrayó que los países de la UE, como firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del TPI, tienen la obligación legal de hacer cumplir las decisiones de este tribunal. En su declaración, publicada en la red social X, afirmó: “La selección arbitraria en la aplicación del Estatuto de Roma es incomprensible”. Además, cuestionó: “¿Cómo podemos esperar que terceros países hagan cumplir la orden de arresto contra Putin (lo cual deberían hacer) y luego decir que no lo haremos contra Netanyahu?”
Las órdenes de arresto del TPI
El TPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu, así como contra el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y el comandante de Hamas, Ibrahim al-Masri, en noviembre del año pasado, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el contexto del conflicto en Gaza. Previamente, en marzo de 2023, el tribunal con sede en La Haya también había emitido una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra relacionados con la supuesta deportación forzada de niños ucranianos a Rusia.
Sin embargo, muchos países de la UE han emitido declaraciones contradictorias respecto a la decisión del TPI sobre Netanyahu. Aunque han expresado su apoyo al trabajo del tribunal, han rehusado comprometerse a su arresto. Solo un puñado de Estados miembros ha prometido detener al primer ministro israelí si pisa su territorio, mientras que Hungría ha dejado claro que no tomará ninguna acción al respecto. Esta decisión del TPI ha suscitado críticas tanto de Israel como de su aliado clave, Estados Unidos, que no reconoce la autoridad del tribunal.
Por otro lado, la mayoría de los países de la UE han sido firmes en su intención de actuar en relación con la orden de arresto contra Putin. Tras la visita del presidente ruso a Mongolia, un Estado miembro del TPI, en septiembre de 2024, el bloque europeo emitió un comunicado condenando la falta de detención de Putin. El portavoz principal de la UE, Peter Stano, expresó en ese momento el “más firme apoyo a los esfuerzos para garantizar la plena rendición de cuentas” por los presuntos crímenes de guerra de Rusia y pidió la cooperación total de todos los países miembros del TPI en la cuestión del arresto de Putin.
Borrell advirtió que estas dobles normas en la aplicación de las decisiones del TPI están “erosionando” la “credibilidad de la UE como comunidad de derecho”. La falta de acción frente a Netanyahu, en contraste con la insistencia en la detención de Putin, plantea serias preguntas sobre la coherencia y la integridad del enfoque de la UE hacia el derecho internacional.
En el contexto de estas tensiones, Rusia ha reiterado su rechazo a la autoridad del TPI, considerando nulas y sin valor las decisiones del tribunal. Moscú ha calificado de absurdas las acusaciones contra Putin, argumentando que los niños en cuestión fueron evacuados legalmente de la zona de guerra y no secuestrados, y ha manifestado su disposición a devolverlos a sus familias si estas presentan las solicitudes adecuadas. Kiev, por su parte, ha confirmado que muchos de los niños inicialmente listados como secuestrados estaban en realidad con sus familias en terceros países. Las órdenes de arresto del TPI han desencadenado una respuesta legal en Rusia, donde los funcionarios responsables de estas decisiones enfrentan procesos penales.
