La Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en una situación crítica ante la inminente amenaza de sanciones por parte de la nueva administración estadounidense, liderada por el presidente Donald Trump. Según informes de The Guardian, se prevé que Trump emita una orden ejecutiva que podría paralizar las operaciones de la CPI y representar un “riesgo existencial” para esta institución con sede en La Haya.
El contexto de esta medida se sitúa en la reciente emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Esta acción ha desencadenado una reacción contundente desde Washington, donde se considera que la CPI ha sobrepasado sus límites al investigar a líderes de un aliado cercano como Israel.
Posibles sanciones y sus repercusiones
Las sanciones que se están considerando incluirían restricciones financieras y de viaje dirigidas a la CPI, así como a su fiscal jefe y a los jueces de la corte. A pesar de que la Cámara de Representantes de EE.UU. ya ha votado a favor de imponer sanciones, existe preocupación entre los funcionarios de la CPI de que Trump pueda eludir el proceso legislativo y actuar mediante una orden ejecutiva.
Las medidas propuestas podrían afectar gravemente el acceso de la CPI a sistemas bancarios y de pago, infraestructura tecnológica y proveedores de seguros. Fuentes dentro de la oficina del fiscal de la CPI han advertido que la corte depende en gran medida de la plataforma en la nube de Microsoft, Azure, para sus operaciones. La pérdida de acceso a esta infraestructura podría comprometer seriamente las investigaciones en curso, ya que, como señala un funcionario, “almacenamos esencialmente todas nuestras pruebas en la nube”.
El temor entre los funcionarios de la CPI es que estas sanciones no solo busquen limitar su capacidad operativa, sino que puedan ser utilizadas para intentar desmantelar la corte por completo. Un oficial de la CPI expresó su preocupación al afirmar: “La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la corte, para destruirla en lugar de solo atarle las manos”.
Durante su anterior mandato, Trump mantuvo una relación cercana con Netanyahu y su administración desempeñó un papel significativo en la mediación del reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo militante Hamas. Además, Trump fue el primer presidente estadounidense en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, una decisión que sus predecesores habían evitado debido al estatus disputado de la ciudad y su importancia tanto para israelíes como para palestinos.
En 2020, Trump ya había impuesto sanciones a la CPI en respuesta a las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán, que involucraban a todas las partes, incluida la propia EE.UU. Estas sanciones fueron levantadas en 2021 bajo la administración de Joe Biden, pero la nueva amenaza de Trump indica un posible regreso a una política de confrontación con la corte internacional.
