La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes ha generado una profunda preocupación entre la diáspora india en el país. Según un informe del Times of India, esta medida, que entrará en vigor el 20 de febrero, ha dejado a muchos profesionales en espera de su tarjeta verde en estado de shock.
El nuevo decreto establece que los niños nacidos de titulares de pasaportes extranjeros, incluidos turistas, estudiantes y trabajadores con visados, ya no recibirán automáticamente la ciudadanía estadounidense. Trump argumentó en la Oficina Oval que “somos el único país en el mundo que hace esto con el derecho de nacimiento, y es absolutamente ridículo. Creemos que tenemos muy buenos motivos para el cambio”.
Impacto en la comunidad india y en el sistema de inmigración
Se espera que esta política tenga repercusiones significativas, especialmente para más de un millón de indios que están a la espera de obtener una tarjeta verde. Un informe de Forbes de abril del año pasado, basado en datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., reveló que más de 1.2 millones de indios, incluidos sus dependientes, están en la fila para las categorías de tarjetas verdes basadas en el empleo. Este dato pone de manifiesto los problemas de backlog que afectan al sistema de inmigración estadounidense.
Según datos del censo de EE. UU. analizados por el Pew Research Center, en 2022 había aproximadamente 4.8 millones de indios americanos en el país, de los cuales el 34% (más de 1.6 millones) obtuvieron la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Además, alrededor de la mitad de los indios americanos residen en solo cuatro estados: California (20%), Texas (12%), Nueva Jersey (9%) y Nueva York (7%).
La orden ha desencadenado una fuerte reacción en Estados Unidos, con figuras influyentes y organizaciones condenando la decisión. Grupos de derechos civiles e inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han presentado una demanda contra esta medida. El abogado de inmigración con sede en Nueva York, Cyrus D. Mehta, afirmó que la orden ejecutiva “obviamente será impugnada en los tribunales”, a pesar de que la administración Trump podría llevar el asunto “hasta la Corte Suprema con la esperanza de que la mayoría de los jueces conservadores puedan estar de acuerdo con la nueva interpretación de Trump de la 14ª Enmienda”.
Hiroshi Motomura, profesor de la Facultad de Derecho de UCLA, también comentó que la ciudadanía por nacimiento “es un principio fundamental del derecho estadounidense, por lo que, de todas las cosas en la agenda de Trump, esta es la que menos probabilidades tiene de tener éxito”.
De acuerdo con informes de medios, los defensores de la inmigración presentaron una demanda en New Hampshire la noche del lunes, poco después de que el presidente firmara la orden ejecutiva. Además, 22 estados liderados por demócratas, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, interpusieron demandas en Boston y Seattle, alegando que Trump había violado la Constitución de EE. UU. No es la primera vez que las órdenes de Trump son desafiadas en los tribunales; en 2020, un juez federal bloqueó una orden ejecutiva que permitía a gobiernos estatales y locales rechazar a refugiados que buscaban reasentarse en sus comunidades.
