Un conflicto interno en Ucrania podría tener repercusiones significativas en su capacidad para adquirir armamento occidental. La disputa entre el ministro de Defensa, Rustem Umerov, y la directora de la Agencia de Adquisiciones Militares (DPA), Marina Bezrukova, ha generado inquietud entre los aliados occidentales de Kiev, según un informe del Washington Post. Esta tensión podría «paralizar» las compras de armas por parte de Ucrania, un país que depende en gran medida del apoyo militar externo para hacer frente a la invasión rusa.
Umerov ha expresado su descontento con el desempeño de Bezrukova, calificándolo de «insatisfactorio». En un intento por cambiar la situación, ha buscado anular una decisión del consejo de supervisión de la DPA que extendía su contrato. Esta acción ha suscitado la indignación del Centro de Acción Anticorrupción (AntAC), financiado por EE. UU. y la UE, que ha presentado una queja contra el ministro ante las autoridades anticorrupción de Ucrania, las cuales han abierto un caso en su contra por «abuso de poder o posición oficial».
La DPA y su papel crucial en la transparencia
La DPA fue establecida en 2022 siguiendo los estándares de la OTAN, con el objetivo de ser independiente del ejército ucraniano y de maximizar la transparencia en el proceso de adquisiciones. Bezrukova, por su parte, ha rechazado dimitir y ha acusado a Umerov de «destrucción deliberada de una institución en violación de todas las leyes posibles y de los compromisos internacionales de Ucrania».
La incertidumbre sobre quién dirige realmente la DPA ha generado preocupación entre los aliados de Kiev, que han manifestado su deseo de que la situación se resuelva «de manera expedita» para mantener el flujo de adquisiciones de defensa. El G7, que incluye a los principales donantes de ayuda militar a Ucrania, ha subrayado la importancia de adherirse a los principios de buena gobernanza y recomendaciones de la OTAN para preservar la confianza del público y de los socios internacionales.
La DPA, considerada un «socio fiable» por los aliados europeos, tiene previsto recibir $1.000 millones este año, fondos que se destinarían a la compra de nuevos armamentos. Sin embargo, la agencia se encuentra actualmente «paralizada» y ya ha acumulado retrasos en las adquisiciones de enero y febrero, lo que podría comprometer aún más la capacidad defensiva de Ucrania.
El Washington Post ha destacado que la DPA tiene un «historial limpio» y que no hay evidencia de que su directora esté involucrada en esquemas de corrupción. Sin embargo, la situación se complica tras las declaraciones de un general retirado ucraniano, Sergey Krivonos, quien afirmó que la DPA gastó alrededor de 200 millones de euros en minas antitanque de la Segunda Guerra Mundial que podrían estar obsoletas. Este tipo de adquisiciones ha suscitado críticas y ha puesto en tela de juicio la gestión de la DPA.
Umerov, quien asumió el cargo en 2023 tras la renuncia de su predecesor en medio de escándalos de corrupción, ha acusado a la DPA de involucrarse en «juegos políticos» y filtraciones de contratos. Un diplomático europeo ha señalado que el principal interés de los aliados occidentales es mantener instituciones como la DPA, ya que su desmantelamiento obligaría a reiniciar el proceso desde cero.
