El asesinato de Isaías Carrasco y la ley de reducción de penas
El 7 de marzo de 2008, a las 13:25 horas, el exconcejal socialista Isaías Carrasco salió de su domicilio en Mondragón con destino a su trabajo como cobrador de peaje en la AP-1, cerca de Vergara. Minutos después, su familia escuchó un estruendo, comparable al de unos cohetes. Cuando su hija Sandra miró por la ventana, presenció cómo su padre caía al suelo tras ser atacado por un hombre armado que, tras dispararle en múltiples ocasiones, huyó en un todoterreno gris. Carrasco, de 43 años y padre de tres hijos, falleció en el hospital de Arrasate a causa de las graves heridas sufridas.
El responsable del atentado fue Beinat Aguinagalde, un miembro de la organización terrorista ETA que utilizó una barba postiza para ocultar su identidad durante el ataque. Este crimen se produjo tan solo dos días antes de las elecciones generales, en un contexto de alta tensión política. En el momento del asesinato, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encontraba en un mitin en Málaga y se vio obligado a interrumpir su intervención al ser informado de lo sucedido. Zapatero condenó el atentado, afirmando que ETA buscaba interferir en la voluntad popular y reiterando su convicción de que la banda terrorista estaba condenada a la desaparición.
Recientemente, se ha revelado que Aguinagalde podría beneficiarse de una nueva ley que permite la reducción de penas para los etarras. Ha solicitado que se le descuenten cuatro años de su condena por haber cumplido una pena en Francia, lo que ha reavivado el debate sobre la justicia y el tratamiento a los terroristas en el país. Esta legislación, que permite contabilizar las penas cumplidas en otros países europeos, ha generado controversia entre las víctimas del terrorismo y la sociedad española en general, quienes temen que esto pueda desvirtuar el sufrimiento causado por actos de violencia como el que sufrió Carrasco y su familia.
