Canarias ha estado lidiando durante meses con la creciente presión del reparto de menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. En un reciente acuerdo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, han establecido criterios para la distribución de estos menores. Rego ha señalado que es una buena noticia que los criterios acordados por Canarias sean coherentes con los previamente establecidos por el Ministerio en la Conferencia Sectorial de 2022. El reto ahora se centra en la aplicación concreta de estos criterios a la situación actual.
Desde el Ministerio se ha garantizado que todas las comunidades participarán en el proceso de distribución de menores migrantes, aunque se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por cada una en el pasado. La ministra ha destacado que la propuesta es equilibrada y sensible a las circunstancias particulares de cada comunidad, priorizando siempre el cumplimiento de los derechos de la infancia. Sin embargo, este acuerdo ha suscitado críticas, especialmente desde Andalucía, donde la consejera de Economía, Carolina España, ha calificado la política migratoria del Gobierno como «miserable» y ha cuestionado la exclusión de Cataluña y País Vasco en el reparto.
Reacciones políticas y el papel del PP
El Partido Popular ha manifestado su intención de rechazar el acuerdo si se excluyen a Cataluña y País Vasco, considerándolo un modelo de reparto «asimétrico e injusto». Esta postura se ha reafirmado tras la fijación de criterios que toman en cuenta factores como la población, la renta per cápita y el desempleo, así como el esfuerzo realizado en la acogida de estos menores. Mientras tanto, desde el Ministerio se ha negado cualquier exclusión, afirmando que el esfuerzo realizado por comunidades como Cataluña y País Vasco será considerado en el proceso de distribución, aunque no será el único criterio evaluado.
