El clima político en Serbia se encuentra en un punto de ebullición tras las recientes protestas que han sacudido el país. Estas manifestaciones, que comenzaron en respuesta a la trágica muerte de 15 personas debido al colapso de un toldo en una estación de tren en Novi Sad, han sido interpretadas por el gobierno como una posible injerencia extranjera. En este contexto, el viceprimer ministro serbio, Aleksandar Vulin, ha propuesto una legislación que clasificaría a las ONG financiadas desde el extranjero como ‘agentes extranjeros’.
Vulin, líder del Movimiento de Socialistas (PS), un partido que forma parte de la coalición gobernante liderada por el Partido Progresista Serbio (SNS), ha manifestado su intención de seguir adelante con esta propuesta legislativa. En una entrevista reciente, Vulin afirmó que “las revoluciones de colores no pueden llevarse a cabo sin mucho dinero, que se asigna y distribuye a través de las ONG”. Esta declaración refleja una postura que busca deslegitimar las protestas al vincularlas con intereses externos, particularmente de Occidente.
Reacciones del Gobierno y la Comunidad Internacional
El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha respaldado en parte esta narrativa, sugiriendo que los disturbios tienen un trasfondo de manipulación extranjera. Sin embargo, a pesar de las presiones internas, Vučić ha expresado su oposición a la legislación propuesta por Vulin, indicando que no apoyará el proyecto en su forma actual, aunque ha dejado abierta la posibilidad de aceptar ciertos elementos inspirados en legislaciones similares de Estados Unidos, Europa y Rusia.
La propuesta de Vulin ha suscitado una fuerte reacción en Bruselas, donde se ha manifestado una profunda preocupación por el impacto que esta legislación podría tener en la sociedad civil y en los principios democráticos que Serbia, como candidato a la Unión Europea, está obligado a respetar. La Comisión Europea ha señalado que tales leyes son incompatibles con los valores fundamentales de la UE, recordando casos similares en otros países de la región, como Georgia, donde iniciativas análogas llevaron a protestas masivas y a un enfriamiento de las relaciones con Occidente.
La figura del inversor húngaro-estadounidense George Soros ha sido utilizada por el gobierno serbio como un chivo expiatorio, acusándolo de financiar movimientos liberales y de desestabilización en la región. Esta retórica, que recuerda a la utilizada en otros contextos políticos, busca crear un enemigo común que justifique medidas restrictivas sobre la financiación y operación de las ONG.
La legislación propuesta obligaría a las ONG que reciban más de la mitad de su financiación del extranjero y que participen en actividades políticas a registrarse como agentes extranjeros. Este tipo de regulación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y por la comunidad internacional, que ven en ella un intento de silenciar la disidencia y limitar la influencia de la sociedad civil en el ámbito político.
En resumen, la situación en Serbia refleja un conflicto más amplio sobre la democracia, la influencia extranjera y el papel de la sociedad civil en la política. A medida que las tensiones aumentan, tanto a nivel interno como en las relaciones internacionales, el futuro de la legislación propuesta y su impacto en la sociedad serbia se mantiene incierto.
