La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha reafirmado su compromiso de seguir operando a pesar de las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta decisión se produce tras la reciente orden ejecutiva que busca sancionar a los funcionarios de la CPI por investigar a altos cargos israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu y al exministro de Defensa, Yoav Gallant.
La CPI fue establecida en 2002 mediante el Estatuto de Roma, al que actualmente están adheridos 125 países. Sin embargo, potencias como Estados Unidos, Israel, Rusia, China e India no reconocen la jurisdicción de este tribunal internacional. En un comunicado emitido el pasado viernes, la CPI condenó la orden ejecutiva de Trump, afirmando que “se opone firmemente a la emisión de sanciones contra sus funcionarios”. La corte subrayó su compromiso de “continuar proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”.
Reacción internacional y apoyo a la CPI
El mismo día en que se anunciaron las sanciones, 79 naciones, entre ellas Brasil, Francia, Alemania, Sudáfrica y España, emitieron una declaración conjunta expresando su “pesar” por los “intentos de socavar la independencia, integridad e imparcialidad de la corte”. Los firmantes reafirmaron su “apoyo continuo e inquebrantable” a la CPI, destacando la importancia de su labor en el ámbito de la justicia internacional.
La orden ejecutiva de Trump argumenta que la CPI ha “establecido un precedente peligroso” al investigar a ciudadanos estadounidenses y a altos funcionarios israelíes. En este contexto, el documento sostiene que la corte ha “abusado de su poder” al emitir órdenes de arresto que, según la CPI, se basan en acusaciones de uso de la hambruna como método de guerra en Gaza.
Trump considera que las acciones de la CPI socavan el “trabajo crítico de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel”. Las sanciones incluyen restricciones financieras y relacionadas con visados para individuos y familiares de aquellos que apoyen las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o de sus aliados.
Según informes de medios, estas medidas podrían afectar el acceso de la CPI a sistemas bancarios, infraestructura tecnológica y proveedores de seguros, lo que representaría una “amenaza existencial” para su funcionamiento. Cabe recordar que Estados Unidos ya había impuesto sanciones a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, tras intentar investigar supuestos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán en 2020.
