La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se encuentra en el centro de una controversia sin precedentes, marcada por acusaciones de corrupción y un posible recorte drástico de su personal. El presidente Donald Trump ha calificado a esta agencia como una «organización criminal» y ha instado a su cierre, argumentando que la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes.
En uno de sus primeros actos tras asumir la presidencia, Trump suspendió toda la ayuda exterior de EE. UU., mientras se lleva a cabo una revisión de tres meses sobre el gasto gubernamental. Esta decisión fue seguida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detuvo varios proyectos asignados a USAID, la principal agencia encargada de administrar fondos para proyectos políticos en el extranjero.
Acusaciones de Malversación
Trump ha utilizado su plataforma en redes sociales para expresar su descontento, afirmando que USAID ha desviado miles de millones de dólares de los contribuyentes hacia medios de comunicación que favorecen a los demócratas. En sus publicaciones, ha mencionado que se han destinado hasta 8 millones de dólares a la publicación ‘Politico’ como parte de un supuesto esquema de soborno para asegurar una cobertura mediática positiva.
Elon Musk, quien lidera el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha respaldado estas afirmaciones, señalando que su equipo ha encontrado pruebas de que millones de dólares de los contribuyentes se han gastado en suscripciones a ‘Politico Pro’. En consecuencia, la Casa Blanca ha ordenado a la Administración de Servicios Generales que termine todos los contratos de medios financiados por USAID, según un correo interno obtenido por Axios.
Politico ha respondido a estas acusaciones negando haber recibido financiación directa del gobierno, aclarando que su servicio de suscripciones premium es utilizado por algunas agencias estadounidenses. Sin embargo, la controversia ha llevado a una reacción significativa, incluyendo una demanda de un importante sindicato de trabajadores del gobierno que considera que los recortes son inconstitucionales e ilegales.
La administración de Trump planea reducir el personal de USAID a menos de 300 empleados de los más de 10,000 actuales, lo que ha desatado un fuerte rechazo por parte de organizaciones laborales que defienden los derechos de los empleados públicos. La Federación Americana de Empleados Gubernamentales y la Asociación Americana del Servicio Exterior han presentado una demanda contra Trump y otros altos funcionarios, argumentando que las acciones tomadas contra USAID son ilegales.
