El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha sido incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer individuo afectado por la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump en 2020. Esta medida se enmarca en un contexto de tensiones entre Washington y el TPI, que ha investigado presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses y sus aliados, como Israel.
La orden ejecutiva de Trump autoriza sanciones económicas y restricciones de viaje contra los funcionarios del TPI que investiguen estos casos. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a Estados Unidos, no solo para los afectados, sino también para sus familiares inmediatos. Según fuentes cercanas al TPI, Khan fue nombrado en un anexo que aún no ha sido hecho público.
Karim Khan y su trayectoria en el TPI
Karim Khan, británico de formación, asumió el cargo de fiscal del TPI en 2021. Antes de ello, lideró el equipo de investigación de la ONU sobre los crímenes de Daesh en Irak y ha trabajado en múltiples tribunales internacionales, representando a víctimas de violaciones de derechos humanos en diversas regiones de África y Asia. Su labor ha sido reconocida por su compromiso con la justicia internacional.
De acuerdo con un acuerdo entre la ONU y Washington, Khan debería poder viajar regularmente a Estados Unidos para informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los casos que se remiten al tribunal de La Haya. Recientemente, estuvo en Nueva York para una sesión informativa sobre la situación en Sudán.
El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, expresó su confianza en que cualquier restricción impuesta a individuos se aplicaría de manera coherente con las obligaciones del país anfitrión bajo el Acuerdo de Sede de la ONU. Sin embargo, la inclusión de Khan en la lista de sanciones ha suscitado preocupaciones sobre la independencia del TPI y su capacidad para operar sin interferencias externas.
El TPI, establecido en 2002, tiene la jurisdicción para procesar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en los estados miembros o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remite un caso. No obstante, Estados Unidos sostiene que el tribunal no tiene jurisdicción sobre su territorio ni sobre Israel, dado que ambos países no son signatarios del Estatuto de Roma. Las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán en 2020 llevaron a sanciones contra la entonces fiscal Fatou Bensouda.
La reciente decisión de sancionar a Khan coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington, donde elogió las sanciones estadounidenses contra el TPI. Cabe recordar que Khan había emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por «el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil» en Gaza.
El TPI ha condenado las sanciones impuestas por Estados Unidos y ha reafirmado su compromiso de seguir proporcionando justicia a las víctimas de atrocidades. Un portavoz del tribunal subrayó que «el derecho penal internacional es un elemento esencial en la lucha contra la impunidad, que lamentablemente es generalizada». En este sentido, el TPI debe poder trabajar con plena independencia.
