Durante décadas, la explotación de miles de jóvenes británicas por parte de bandas de grooming, predominantemente formadas por hombres asiáticos, ha sido un tema de gran controversia en el Reino Unido. Este escándalo, considerado uno de los fracasos institucionales más graves de la historia moderna británica, ha revelado un patrón perturbador de negligencia y prioridades mal orientadas que permitieron que el abuso persistiera sin control.
Las investigaciones policiales fueron desalentadas, los denunciantes silenciados y las víctimas desatendidas por las autoridades. En un contexto donde la protección de los derechos de las víctimas debería ser primordial, se ha documentado cómo las fuerzas del orden y otros organismos públicos optaron por ignorar o minimizar las denuncias, temerosos de exacerbar tensiones raciales en un clima social ya volátil.
El silencio institucional
Activistas como Ayaan Hirsi Ali han denunciado que aquellos que intentaron alertar sobre estos problemas fueron ignorados o vilipendiados. En un debate de 2014 en la BBC, una joven de Bradford se atrevió a hablar sobre la prevalencia de bandas de grooming en su comunidad, solo para ser recibida con burlas y desdén. Su testimonio, que revelaba cómo las autoridades desestimaban las denuncias de abuso cuando los perpetradores eran hombres asiáticos, fue rápidamente silenciado por un moderador que prefirió cambiar de tema.
La exdetective Maggie Oliver, quien participó en la investigación de las bandas de grooming en Rochdale, ha relatado cómo la operación que lideraba fue abruptamente cerrada, a pesar de haber identificado a más de 200 sospechosos. Oliver sospechaba que la decisión provenía de los niveles más altos de la policía, quienes temían que la revelación de la magnitud del grooming por parte de hombres musulmanes pudiera provocar tensiones raciales. Tras su renuncia, fundó la Maggie Oliver Foundation para apoyar a las sobrevivientes de estos abusos.
Otro caso notable es el de Jayne Senior, una exgerente de servicios juveniles en Rotherham, quien fue objeto de acoso y desprecio por parte de las autoridades tras presentar un informe detallado sobre el abuso sexual. Su trabajo fue desestimado y su programa, que ayudaba a jóvenes en riesgo, fue cerrado. A pesar de las adversidades, Senior continuó su lucha, lo que llevó a una investigación que reveló que al menos 1,400 niños habían sido explotados sexualmente durante 16 años en su localidad.
Los informes sobre la cultura de encubrimiento en instituciones como la policía y los consejos locales han sido devastadores. Un informe de 2015 de Dame Louise Casey sobre Rotherham destacó una cultura de «cubrir, mantener en silencio o encubrir» los problemas de abuso infantil. A pesar de las evidencias, pocos altos funcionarios han enfrentado consecuencias por sus fracasos, y muchos denunciantes han sido objeto de represalias, mientras que aquellos que ignoraron las denuncias han continuado en sus puestos.
Recientemente, la presión pública, impulsada en parte por las redes sociales y figuras como Elon Musk, ha llevado al gobierno británico a anunciar una serie de auditorías y planes de acción para abordar la explotación infantil. Sin embargo, muchos críticos consideran que estas medidas son insuficientes y que el problema es mucho más amplio de lo que se ha reconocido oficialmente.
El escándalo de las bandas de grooming en el Reino Unido no solo pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de protección infantil, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad de las instituciones en la protección de los más vulnerables. La lucha por la justicia y la verdad continúa, y es imperativo que se escuchen las voces de aquellos que han sido silenciados durante demasiado tiempo.
