El presidente Donald Trump, tras asumir nuevamente la presidencia en 2025, se enfrenta a la compleja tarea de gestionar un proceso que permite a Medicare negociar los precios de los medicamentos con los fabricantes. Esta iniciativa, que forma parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) impulsada por su predecesor, Joe Biden, busca reducir los costos de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare, que son aproximadamente 68 millones en Estados Unidos.
A pesar de las críticas y la oposición por parte de la industria farmacéutica, que argumenta que estas negociaciones amenazan sus beneficios y desincentivan la innovación, Trump parece inclinarse por mantener el proceso de negociación, aunque con posibles modificaciones. Según expertos en políticas de salud, el presidente podría optar por “morder los bordes de la ley”, en lugar de abandonarla completamente.
Posibles cambios en el proceso de negociación
Las intenciones de Trump respecto a las negociaciones de precios de medicamentos aún no están claras. Mientras algunos analistas sugieren que podría debilitar el proceso para favorecer a la industria farmacéutica, otros especulan que el presidente podría buscar ahorrar aún más dinero a los pacientes y al gobierno federal con el fin de superar los logros de su predecesor.
La administración de Trump ha manifestado la necesidad de “mayor transparencia” en las negociaciones, lo que podría incluir una revisión de los criterios utilizados para seleccionar los medicamentos a negociar. Durante el primer ciclo de negociaciones, Medicare permitió la participación de pacientes y grupos de consumidores, pero se espera que Trump amplíe la lista de partes interesadas, incorporando a aseguradoras y otros intermediarios en el proceso.
Los cambios que Trump podría introducir no solo afectarían la forma en que se llevan a cabo las negociaciones, sino también los criterios para determinar qué medicamentos son seleccionados. Por ejemplo, la ley establece que los medicamentos deben haber estado en el mercado durante un mínimo de siete años, pero podría haber una interpretación más laxa de esta norma con el fin de beneficiar a los fabricantes.
El panorama legislativo para realizar cambios significativos en el marco de la IRA es complicado. Cualquier modificación sustancial requeriría el apoyo del Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría ajustada. Sin embargo, existe un creciente interés en la reforma del sistema de negociación de precios, lo que podría abrir la puerta a cambios más accesibles.
La industria farmacéutica ha presentado múltiples demandas contra el programa de negociación de precios, argumentando que es inconstitucional. Hasta el momento, estas acciones legales no han tenido éxito en los tribunales. La administración de Trump deberá decidir si continúa defendiendo el programa en los tribunales o si opta por una estrategia diferente que permita modificar su interpretación sin enfrentar un rechazo judicial.
En este contexto, es evidente que el enfoque que adopte la administración de Trump sobre las negociaciones de precios de medicamentos tendrá un impacto significativo en la vida de los estadounidenses mayores y en la industria farmacéutica. A medida que se inician las negociaciones para un nuevo ciclo de 15 medicamentos, será crucial observar cómo se desarrollan estas políticas en un entorno donde el debate sobre la salud y el costo de los medicamentos sigue siendo un tema candente en la agenda pública.
