El Ministerio del Interior ha iniciado una revisión de la seguridad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la reciente filtración de datos personales que ha suscitado preocupaciones sobre su integridad. Esta información fue enviada por el Tribunal Supremo, que incluyó en un anexo de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, datos que llegaron a diversas partes, incluido el grupo Manos Limpias. Esta situación ha llevado al propio García Ortiz a alertar a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los riesgos que implica la divulgación de dicha información para su seguridad personal.
Investigación y medidas de seguridad
Ante el contexto, el Ministerio del Interior ha optado por examinar las medidas de protección del fiscal, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si se reforzará su seguridad. Estos datos forman parte de una causa en la que el Tribunal Supremo investiga a García Ortiz y otros dos fiscales por la presunta filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La gravedad de la situación se ha intensificado por la reciente revelación de que García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp en dos ocasiones el mismo día en que se abrió la causa en su contra por un delito de revelación de secretos.
El informe de la UCO destaca que no se han encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre en la aplicación de mensajería, lo que sugiere un posible borrado intencionado de la información. Además, se ha señalado que tampoco se ha podido acceder a la cuenta personal de correo electrónico de García Ortiz, ya que ha sido eliminada recientemente, aunque existe la posibilidad de que se pueda recuperar. La UCO también ha puesto el foco en las comunicaciones entre García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, quienes mantuvieron contacto en los días previos a la apertura de la investigación.
