La Sagrada Familia, la emblemática obra inacabada de Antoni Gaudí, se enfrenta a una creciente controversia debido a su plan de construcción de una escalera que podría desplazar a aproximadamente 1,000 familias y negocios en el entorno del templo. A pesar de las protestas de los vecinos y de la oposición legal, los responsables del proyecto han afirmado su intención de seguir adelante con las obras, que se espera continúen hasta al menos 2035.
El presidente de la organización encargada del plan maestro de la Sagrada Familia, Esteve Camps, ha declarado que están en conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona y con los residentes sobre los detalles de la escalera. «Estamos a la espera de la decisión del consejo sobre si procederemos con este plan. Sin su aprobación, no podemos hacer nada. La Sagrada Familia no retrocederá en este plan», afirmó Camps en una entrevista reciente. Sin embargo, también reconoció que existe la posibilidad de modificar los planes en función de las negociaciones con los afectados.
Las objeciones al proyecto se centran en el impacto que tendría en la comunidad local, dado que la construcción implicaría la demolición de bloques de viviendas y oficinas cercanas. Salvador Barroso, abogado y representante de la Asociación de Afectados por la Sagrada Familia, ha iniciado acciones legales para detener el desarrollo de la escalera, argumentando que este diseño no formaba parte de los planes originales de Gaudí, sino que fue una creación de sus discípulos posteriores a su muerte. La destrucción de los planos originales durante la Guerra Civil Española ha generado un debate sobre la autenticidad de las modificaciones realizadas a lo largo de los años.
A pesar de la resistencia, el proyecto sigue adelante con el argumento de que la nueva escalera facilitará el acceso al templo, que ha visto un incremento significativo en el número de visitantes en los últimos años. En 2022, la Sagrada Familia recibió a 4.83 millones de personas, convirtiéndose en la atracción turística más visitada de España. Sin embargo, la saturación de turistas ha generado críticas, ya que muchos visitantes, como Jackie Bridges, expresan su descontento por el ambiente bullicioso que impide la contemplación en un espacio considerado sagrado.
El financiamiento de las obras proviene en su totalidad de las entradas pagadas por los turistas, que oscilan entre 26 y 36 euros. Para 2024, se espera que los ingresos alcancen los 133.9 millones de euros, de los cuales el 52% se destinará a la construcción y el 30% a la gestión de la basílica. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el uso del resto del presupuesto ha suscitado inquietudes entre los ciudadanos y las autoridades locales.
El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha asegurado que está trabajando con los representantes de la Sagrada Familia y los residentes para encontrar una solución que minimice el impacto sobre la comunidad y garantice el derecho a la vivienda. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la tensión entre la preservación del patrimonio cultural y la necesidad de proteger a los residentes locales se convierte en un tema central en el debate sobre el futuro de uno de los monumentos más emblemáticos de España.
