Esta madrugada se ha dado una nueva estocada al movimiento libertario. 450 Mossos de Esquadra se movilizaban en la Operación Pandora, coordinada por la Audiencia Nacional, y asaltaban diversos domicilios y la mítica casa ocupa la Kasa de la Muntanya en Barcelona y otro domicilio en Madrid. El resultado provisional es de 14 detenidos y la confiscación de libros, libretas y aparatos electrónicos.
¿El pretexto? El de siempre: se acusa a los detenidos de pertenecer a una organización terrorista anarquista que, según dicen, ha protagonizado diversos atentados con explosivos en sucursales bancarias (¿?). Por otro lado, es por todos conocido que en breves entrará en vigor la famosa Ley Mordaza, la cual, pretende sancionar económicamente a quienes, entre otras cosas, graben a la policía, ocupen bancos, intenten parar desahucios o se manifiesten ante el Congreso, Senado o parlamentos autonómicos.
Esta reforma del código penal ha levantado grandes críticas pero el PP ha decidido seguir adelante con ella, a pesar de no contar con apoyos de ningún otro partido. Ambas acciones tienen un mismo propósito: amedrentar a una población cada vez más pobre y desesperada por la crisis que empieza a ver que las cosas no funcionan tan bien como creían o como les habían dicho. A lo largo de estas últimas tres décadas, la clase dominante ha podido mantenerse más o menos fácilmente en el poder a través de la monarquía, el bipartidismo y demás organismos favorables a sus intereses. No ha necesitado recurrir a otros métodos. Sin embargo, el bipartidismo y las viejas estructuras del Estado empiezan a estar cuestionadas en la actualidad debido a la profunda crisis económica, el empobrecimiento y la pérdida de derechos de la clase trabajadora y otros factores, los cuales han provocado un amplio descontento.
Si la historia nos ha enseñado algo es que cuando la clase dominante ve peligrar su posición y sus privilegios empieza a utilizar métodos más duros para mantenerla. Y dos ejemplos de esto son, a mi parecer, la Ley Mordaza y la Operación Pandora. No obstante, también son muestras de que el régimen del 78 empieza a quedarse obsoleto y que tiene que ser superado. Ya no nos vale. Cada vez más gente lo percibe, lo sabe. La máscara del régimen está empezando a caer y la hegemonía construida por la clase dominante se agrieta poco a poco. Ante esta situación, la clase dominante no puede hacer otra cosa que aferrarse al poder intimidando al pueblo con leyes anticonstitucionales y llamando terroristas a aquellos que se rebelan: los manifestantes y los grupos alternativos y anticapitalistas. Otra herramienta son los medios controlados por las élites.
Estos intentan convencer a la opinión pública de que la represión policial es la única opción. No son pocos los que utilizan desproporcionadamente el término ‘terrorismo’ para justificar los registros y la criminalización de estos grupos alternativos. Su mensaje es claro: hay que detener a los terroristas que atentan contra la democracia. ¿Es que puede decirse democrático un país que viola los derechos humanos de sus ciudadanos y la propia Constitución día tras día mientras hace más ricos a los que más tienen? ¿Quién es el terrorista, el que aprueba leyes y recortes que provocan miseria, marginación y muerte en la sociedad o quien lucha contra el Estado promotor de dichas leyes? Las élites saben que en este momento crítico deben utilizar el discurso del miedo. Es lo único que les queda para aguantar en el poder mientras encuentran una solución.
Esta situación de desmoronamiento de lo viejo ha de ser estudiada por la clase oprimida, la trabajadora, para intentar, de manera organizada, contraatacar y plantar cara a aquellos que no buscan otra cosa que mantenerse en el poder a costa de la explotación, el robo y el sometimiento de los trabajadores. Tarde o temprano, si no se le derriba, el régimen hará su lavado de cara (Pedro Sánchez es la muestra de ello) y la clase opresora conseguirá conservar su posición predominante unos años más, mientras los trabajadores seguimos sufriendo una explotación interminable.
