El 22 de marzo de 2007, la cortes aprobaron la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI). Desde el principio fue, como todo lo concerniente a la igualdad de género, una legislación polémica, principalmente por la imposición de cuotas de representación paritaria en las candidaturas electorales. ¿Por qué se debe imponer la participación de las mujeres en política? Más de diez años después, ya es hora de analizar la aplicación de la ley más recurrida de la historia de la democracia española.
Recientemente tuve la suerte de asistir a la defensa de la tesis doctoral de Laura Sánchez Pérez, colega antropóloga y socióloga, titulada “Género, poder y desarrollo: Análisis antropológico de la política local gallega tras la implantación de la Ley de Igualdad”. Su impresionante trabajo analiza el impacto que esta ley ha tenido en el caso de la política municipal gallega. La gran cantidad de datos recolectados, tanto cuantitativa como cualitativamente, así como el análisis de las prácticas, discursos e imaginarios derivados de la incorporación femenina al ámbito político de forma generalizada, ofrecen un diagnóstico acurado. Las feministas debemos considerar sus resultados, sobre todo en vistas a consolidar y ampliar los logros conseguidos hasta el momento.
Indudablemente, la ley de igualdad ha supuesto un punto de inflexión y un notable incremento de la participación de las mujeres en política, y así lo perciben la mayoría de las mujeres políticas entrevistadas. El sistema de cuotas ha sido determinante para ello. Sin embargo, a pesar de este incremento, no sólo la presencia femenina en política sigue siendo insuficiente, además sigue restringido su acceso al liderazgo o a los cargos políticos con más poder. Las mujeres, por ejemplo, parecen haberse consolidado como tenientes de alcalde mucho más que como alcaldesas. Además, el reparto de las áreas se realiza según patrones de género. Así, se observan unas áreas asociadas a la gestión femenina – Cultura, Servicios Sociales y Educación –; y unas otras, las más relevantes en política municipal, asociadas a la gestión masculina – Servicios Generales, Infraestructuras, Medio ambiente y Urbanismo -. Todo esto perpetúa la masculinización del poder, a pesar de que pueda ofrecer una imagen de paridad, además de suponer una transposición de las funciones tradicionales del ámbito privado al ámbito público.
De este modo, el espíritu de la LOI se ve traicionado, y su sentido queda a menudo reducido a una cuestión de mero cumplimiento mínimo de la ley para facilitar la presentación de las listas electorales. Muchas veces la incorporación de las mujeres en política no se percibe como una cuestión de justicia social, sino como un recurso estratégico. Queda relegado así el principio en el que se basa la LOI: la participación de las mujeres en política y en la toma de decisiones es, ante todo, un tema de justicia social y democrática. Afortunadamente, algunas formaciones políticas se toman en serio la necesidad de fomentar la participación femenina en política, y en el caso gallego destacan en ese sentido el BNG e IU.
Hay un punto particularmente interesante en la feminización de la política. Ésta tiene como consecuencia el cuestionamiento de la praxis asociada a la política desde modelos masculinos, colaborando en desarticular las redes clientelares, tradicionalmente basadas en la homosociabilidad masculina. La falta de compromiso de los partidos con la promoción femenina ayuda a consolidar estas estructuras. Vemos, pues, que la entrada de las mujeres en política ofrece profundas ventajas para la transformación política general.
No es extraño, pues, observar cómo se mantienen ciertas prácticas que dificultan el acceso al poder para las mujeres. Además, han aparecido una serie de discursos que, incluso amparándose en la crítica al paternalismo hacia las mujeres, tienen la función de reducir y limitarles dicho acceso. Tales discursos son los que esgrimen que el sistema de cuotas hace un flaco favor a las mujeres, ya que se debe considerar la valía personal antes que el género. La falsedad y el cinismo de estos discursos de corte meritocrático sirven para ocultar la posición social de desigualdad del que parten las mujeres respecto de los hombres en la sociedad patriarcal, en el ámbito político o en cualquier otro. También en un sistema de clases, además de patriarcal, sirven para ocultar el privilegio o la discriminación según la clase social a la que se pertenezca, sumándose a la desigualdad de género. Se llevan la palma quienes critican el discurso meritocrático en el caso de la clase social, pero lo utilizan en el caso del género.
El discurso meritocrático hace que las mujeres que se dedican a la política vean constantemente cuestionada su legitimidad para desempeñar un cargo político. Se trata de una forma más de alejarlas del poder para preservar la masculinización del mismo, otro peso añadido a la mochila de estereotipos y presunciones que coartan su acceso a la toma de decisiones políticas. Como mujeres, lidian con el estereotipo de la reproductora, siendo la maternidad o las cargas familiares parte del discurso limitador. Como ciudadanas, tienen que recordar constantemente su derecho a ejercer el poder. Y como políticas, se ven abocadas a ajustarse a un sistema político masculinizado.
En conjunto, la LOI ha supuesto un paso adelante para las mujeres y para la sociedad en general. Pero el peso de las viejas costumbres y hábitos políticos patriarcales han desvirtuado parte de su objetivo, reinventándose para mantener el status quo masculino. Descubrir los mecanismos que producen la desigualdad y que la normalizan, como ha hecho la doctora Sánchez Pérez con su trabajo, es fundamental para seguir en la senda de la transformación política y social en favor de una igualdad cada vez mayor. Las dificultades con las que se encuentran las mujeres de toda ideología para participar en política siguen vigentes, y la LOI es una herramienta esencial para combatirlas, reduciendo la masculinización política y aumentando la igualdad de género. Sin embargo, es necesario generar nuevas herramientas que la complementen, ya que por sí sola no es suficiente. Estamos ante un problema profundamente enraizado en todos las aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Como señala Soledad Murillo, principal promotora de la LOI, las mujeres debemos tener garantizado el derecho a participar en política, y es necesario alejarse de los discursos de la derrota que señalan que la mujeres son tan aptas como los hombres para poder hacerlo. ¿Por qué absurdo motivo podrían no serlo? Constituir la mitad de la población es razón más que suficiente para acceder al poder en igualdad de condiciones. Quienes se las ingenian para que esto no sea así, ya sea mediante prácticas o discursos, demuestran una preocupante mentalidad machista y antidemocrática.
