Más de 80,000 extranjeros fueron expulsados de Rusia en 2024 por violar la legislación migratoria, según el Servicio Federal de Ejecutores de Sentencias, citado por la agencia de noticias TASS. Esta cifra casi se duplicó en comparación con el año anterior, 2023.
Las autoridades rusas han intensificado su política migratoria tras identificar a ciudadanos de Tayikistán como los perpetradores de un ataque terrorista en el Crocus City Hall, cerca de Moscú, que resultó en 140 muertes. Este aumento en las expulsiones es notable, ya que en 2023 se registraron 44,200 expulsiones de personas provenientes de aproximadamente 60 países, y en 2022 la cifra fue de 26,600 expulsiones de 47 estados.
De los más de 80,000 expulsados el año pasado, más de 23,000 eran migrantes ilegales de Moscú y la región de Moscú. La mayoría de los expulsados eran ciudadanos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), principalmente de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Entre los expulsados también se encontraban tres ciudadanos de Letonia, Francia y Estonia.
Medidas drásticas en la política migratoria
En diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que ordena a los migrantes ilegales regularizar su estatus o abandonar Rusia antes del 30 de abril de 2025. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para endurecer la legislación migratoria en el país.
El año pasado, se promulgaron varias leyes nuevas para monitorear la migración ilegal mediante un registro de «personas controladas». A partir del 5 de febrero de 2025, el procedimiento de expulsión de extranjeros indocumentados no requerirá una sentencia judicial. Además, organizar la migración ilegal se ha clasificado como un delito particularmente grave, con sanciones que incluyen la confiscación de bienes y activos financieros obtenidos a través de la facilitación del tráfico humano. Esta medida busca desincentivar económicamente a los criminales y desarticular sus operaciones en el ámbito de la migración ilegal.
Las drásticas medidas siguieron al ataque mortal ocurrido en marzo de 2024 en el Crocus City Hall, donde cuatro hombres armados asaltaron el lugar y dispararon contra la multitud antes de incendiar el edificio. El grupo yihadista ISIS-K, la rama afgana del Estado Islámico, se atribuyó la responsabilidad del ataque, que fue llevado a cabo por ciudadanos tayikos. Muchos de los sospechosos de haber ayudado a los perpetradores eran también extranjeros de Asia Central, algunos con antecedentes de violaciones a la ley.
