El Gobierno español ha decidido no enviar ningún representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, programada para este viernes. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han confirmado esta postura, que se alinea con la negativa del Ejecutivo a reconocer la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado las actas de voto, mientras que la oposición ha denunciado irregularidades y ha presentado al candidato Edmundo González como el verdadero ganador de los comicios.
España ha mantenido una posición coherente con la línea común europea de desconocer a Maduro como presidente, pero tampoco ha reconocido a Edmundo González como presidente electo. Esta situación ha sido objeto de debate en el Congreso de los Diputados y el Senado, donde se ha instado al Gobierno a tomar una postura más activa. En este contexto, España ha ofrecido asilo político a González, quien ha expresado su deseo de regresar a Venezuela para asumir el cargo, a pesar de la imposibilidad de su compañera de partido, María Machado, de participar en las elecciones.
La toma de posesión y la reforma constitucional
En medio de este escenario, Nicolás Maduro ha anunciado que una de sus primeras acciones tras la toma de posesión será impulsar «una gran reforma constitucional» que defina el rumbo del país para las próximas tres décadas. Maduro ha señalado que el 10 de enero, después de realizar el juramento ante la Asamblea Nacional, firmará un decreto para establecer una amplia comisión dedicada a este propósito, que incluirá un diálogo con todos los sectores políticos, sociales y económicos de Venezuela. Mientras tanto, el Gobierno español ha reiterado que el reconocimiento de un candidato opositor no resolvería la crisis actual y que la prioridad debe ser fomentar un proceso de diálogo y una transición pacífica hacia la democracia.
