Paloma López y Elvira Hernández* | El pasado 26 de diciembre estaba previsto el comienzo del nuevo juicio del grupo de presos políticos saharauis de Gdeim Izik por parte de un tribunal civil marroquí. El mismo día las autoridades marroquíes, como es habitual en el caso de los juicios de los presos políticos saharauis, aplazaron la vista al próximo lunes 23 de enero para obstaculizar la presencia de numerosos observadores internacionales que se habían desplazado a Marruecos.
Hagamos memoria. El 8 de noviembre de 2010 la policía y el ejército marroquí arrasaron a sangre y fuego el Campamento de Gdeim Izik (Campamento de la Dignidad) situado a las afueras de El Aaiún, donde un mes antes se habían congregado unos 20.000 saharauis. Se trataba de un pacífico campamento de protesta en el que los saharauis denunciaban la discriminación social y civil a la que eran sometidos por las autoridades marroquíes en sus propias tierras del Sáhara Occidental ocupado.
Durante el asedio marroquí a Gdeim Izik y su posterior desmantelamiento varios saharauis fueron asesinados, como el menor de 14 años Najem Elgarhi, alcanzado por disparos de la policía marroquí cuando intentaba ingresar en el campamento (o reingresar al campamento). Por su parte, Marruecos afirma que hasta 11 miembros de sus fuerzas de seguridad fallecieron durante el asalto.
Tras el violento desalojo del Campamento de Gdeim Izik, condenado incluso por una resolución del Parlamento Europeo en noviembre de 2010, cientos de saharauis fueron detenidos y decenas encarcelados. Entre ellos destaca el conocido grupo de 25 presos políticos saharauis de Gdeim Izik, juzgados por un tribunal militar marroquí en febrero de 2013 y condenados a fuertes penas: nueve de ellos a cadena perpetua; cuatro a 30 años de prisión; siete a 25 años; tres a 20 años y dos al tiempo ya cumplido de prisión provisional.
Uno de ellos, el joven Hassana Aalia, fue condenado en ausencia a cadena perpetua, puesto que se encontraba estudiando en Bilbao cuando se conoció su orden de arresto. A pesar del evidente peligro para su vida en caso de ser deportado a Marruecos, ha debido recorrer un tortuoso e incierto camino judicial durante varios años hasta que la Audiencia Nacional anulara la decisión del Ministerio del Interior que denegaba su solicitud de asilo y le instaba a abandonar el territorio. El pasado mes de octubre se reconoció su estatuto de refugiado. Años en que Hassana infatigable no ha parado de recorrer todo el territorio español llevando la voz de los presos de Gdeim Izik a centenares de actos y conferencias.
Este juicio del Tribunal Militar de Rabat supuso un tribunal de excepción, prohibido expresamente por el Cuarto Convenio de Ginebra, incluso por el Artículo 127 de la propia Constitución Marroquí.
Numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos y observadores entre los que se encontraban los entonces eurodiputados Willy Meyer y Antonio Masip, denunciaron que la instrucción del procedimiento fue del todo defectuosa.
En el expediente no se incluyó ni una relación de la identidad de las presuntas víctimas marroquíes, ni informes de las autopsias que pudiesen certificar su muerte violenta. Las armas blancas exhibidas en la vista (sin clasificar y fácilmente manipulables) no se vincularon de ninguna manera ni a las muertes ni en modo alguno a los acusados.
En la sala del tribunal había repartidos más de 80 militares marroquíes. El presidente del Tribunal que no tomó ninguna nota durante la declaración de los acusados. En un escenario teatral presidido por un enorme retrato del Rey Mohamed VI, un grupo de 25 hombres eran acusados de haber mantenido secuestrados a más de 20.000 saharauis en contra de su voluntad utilizando ¡unos cuchillos de cocina, una pequeña y rudimentaria hacha, varios teléfonos móviles y unos walkie talkies!
La acusación del Procurador del Rey (fiscal) fue una causa general contra los acusados por los delitos de organización y pertenencia a banda criminal con el objeto de atacar a las fuerzas de seguridad marroquíes. Las “concluyentes” pruebas admitidas, aparte de la exposición de cuchillos de cocina con olor a nuevos y los walkie talkies, fueron un vídeo elaborado por el Gobierno de Marruecos y publicado en diferentes redes sociales tras el desmantelamiento del Campamento en el que no se identifica a ninguno de los acusados, así como fotografías impresas en formato A3 mostradas a la sala en la que sí que se identificaba a algunos de ellos en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf junto con líderes del Frente Polisario.
A todas luces un proceso políticamente motivado.
Y es que el encarcelamiento del grupo de Gdeim Izik tiene el claro objetivo de descabezar y dar un castigo ejemplarizante a los líderes de una nueva generación de activistas saharauis en los Territorios Ocupados, reconocidos militantes (y es injusto citar sólo a algunos) como el intelectual Naama Asfari, fundador del Comité para el respeto de las libertades y los derechos humanos en el Sáhara Occidental (CORELSO); el joven Cheikh Banga encarcelado por primera vez con 17 años y miembro de CODESA (Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos); Sidahmed Lemjeyid, presidente de CSPRON (Comité para la Protección de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental) o Brahim Ismaili, presidente del Centro para la preservación de la memoria colectiva saharaui.
El caso de Naama Asfari ha adquirido una visibilidad mayor por la arbitrariedad del proceso. Fue detenido en vísperas del desmantelamiento de Gdeim Izik y no pudo estar presente en los supuestos hechos por los que fue condenado. El caso llegó al Comité de la Naciones Unidas contra la tortura y el pasado 12 de diciembre el Comité de la ONU ha condenado a Marruecos por múltiples violaciones de la Convención contra la Tortura y así mimo instó a Marruecos a indemnizar a la víctima; a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las alegaciones de tortura y malos tratos y a perseguir a sus autores, así como abstenerse a cualquier acto de presión, intimidación o represalia de Naama Asfari o de su familia.
Precisamente a su esposa, la ciudadana francesa Claude Mangin, le ha sido denegado su derecho a visitarlo en la prisión, como sin duda ha sido también el caso de otros familiares de los presos políticos saharauis. El sufrimiento de las familias saharauis es difícil de imaginar, puesto que tiene que recorrer en muchos casos más de 1.000 km siendo perseguidos y retenidos por las fuerzas de ocupación marroquíes para visitar a los presos.
Y es que como señala la ONG francesa ACAT, que presentó la denuncia ante la ONU, más allá del caso de Asfari, otros 23 militantes saharauis han sido detenidos, torturados y condenados en el mismo proceso injusto, lo que supone no sólo una violación de los derechos humanos, sino también del Derecho Internacional Humanitario.
El nuevo juicio contra el grupo de Gdeim Izik, aunque ante un tribunal civil, constituye una nueva vulneración del Artículo 76 del IV Convenio de Ginebra sobre defensa y protección de la población en los territorios ocupados que obliga a Marruecos a no trasladar a ciudadanos del territorio ocupado fuera del mismo; especialmente ahora que el pasado 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que Marruecos no tiene soberanía en el Sahara Occidental.
No albergamos ninguna esperanza en que este nuevo juicio respete las garantías necesarias para poder considerarlo como un proceso justo. Se corresponden con un intento de lavado de cara del Régimen marroquí cuya reputación se veía desgastada por la aplicación de la jurisdicción militar a civiles. Este nuevo juicio es una concesión ante la presión internacional y la movilización de estos presos políticos saharauis que llevaron a cabo el año pasado una huelga de hambre de 37 días con graves consecuencias para su ya muy deteriorado estado de salud tras años de cárcel, tortura y malos tratos.
El Sáhara Occidental fue anexionado ilegalmente por Marruecos. El Pueblo Saharaui debería poder beneficiarse de los mecanismos de protección internacionales que establece el Derecho Internacional Humanitario para contrarrestar la arbitrariedad de la potencia ocupante, lo cual no está siendo el caso.
Así pues, este nuevo juicio, aunque en apariencia menos brutal que el anterior tribunal militar marroquí, sigue siendo en esencia igualmente ilegítimo e injusto.
Desde el movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui no podemos distraernos ni bajar la guardia. Cualquier condena de la fuerza ocupante marroquí es y será espuria. Los presos políticos saharauis han de ser inmediatamente liberados. Y así lo ha reclamado en reiteradas ocasiones el Parlamento Europeo.
*Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo Paz para el Pueblo Saharaui en el Parlamento Europeo
*Elvira Hernández, consejera política del GUE/NGL en el Parlamento Europeo y observadora en el juicio militar contra el grupo de Gdeim Izik
