El 27 de junio de 2002 fue aprobada la Ley Orgánica 6/2002, más conocida como Ley de Partidos, la cual se aplicó para la ilegalización de partido políticos como el PCE(r), Herri Batasuna, o Euskal Herritarrok, entre otros.
Tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, la aprobación de dicha ley se realizó con los votos a favor del Partido Popular, PSOE, Convergència i Unió, Coalición Canaria y el Partido Andalucista, lo que sumaban 304 votos favorables (Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida votó también a favor, por error).
El 28 de mayo de 2002, el por entonces portavoz de CiU, Manel Silva, señaló que su partido «había alcanzado sus objetivos de salvaguardar la libertad ideológica y el pluralismo político. Es una ley constitucional, y tras recogerse las aportaciones, no caben objeciones jurídico-constitucionales a la misma», por lo que Convergència se sumó a PP y PSOE y votó favorablemente la ley.
Quince años más tarde, esa misma ley, es la que algunos de los sectores más conservadores de la sociedad española y catalana, quieren utilizar para ilegalizar el PDeCAT, ERC, o la CUP.
Las leyes del Estado español están creadas para que cualquier tipo de disidencia quede automáticamente anulada del espacio político, y se puede dar la circunstancia de que Convergència i Unió votara a favor de una ley que permite la actual ilegalización de los partidos independentistas catalanes, entre ellos, el heredero de CiU, Convergència Democràtica de Catalunya.
