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Defender el concepto de España, aunque sea en perspectiva federal y republicana, no es ser ‘españolista’ y ‘facha’

In Opinión
noviembre 04, 2017

El último acto hasta ayer del «procés» fue el encarcelamiento sin fianza, por impulso del Fiscal General del Estado y decisión de la Jueza Lamela, de Oriol Junqueras, Vicepresidente y 7 consellers del Govern de La Generalitat.

Los otros 5 consellers, con Puigdemont a la cabeza, se habían largado a Bruselas. El fiscal Maza pega un mazazo y la jueza Lamela remacha el clavo. Yo no voy a alegar absolutamente nada contra la división de poderes: el político o ejecutivo, el legislativo y el judicial, ya que esa división es la manera más democrática y más razonable política y técnicamente de aplicar las leyes y normas que rigen en una sociedad.

Sin embargo, sí tengo en cuenta, y deberían tenerla también los que tienen una responsabilidad política y jurídica, que la dinámica social es dialéctica y que antes de tomar una decisión de envergadura se deben tener en cuenta todos los efectos que esta puede producir y no precipitarse.

¿Y en qué momento se toma la decisión de encarcelar a los miembros del cesado Govern de la Generalitat ¿Cuando la jueza Lamela, en un largo y documentado alegato jurídico demuestra la sistemática actuación delictiva llevada a cabo por el Govern durante los últimos años en toda una serie de cuestiones fundamentales para el normal funcionamiento de la sociedad. Por tanto, las decisiones de la jueza no tienen nada que ver ni con un ordeno y mando de Rajoy inexistente, ni con una especial malquerencia a los jefes de la conspiración secesionista.

Tiene que ver sólo con la cantidad y la gravedad de los hechos juzgados: construir estructuras de estado paralelas a las legales, vulnerar todas las resoluciones judiciales, impulsar y aprobar leyes, acuerdos y decretos que los propios letrados del Parlament y de la administración rechazan por ilegales, ciscarse en el Parlament y en los derecho de los parlamentarios elegidos, votar a favor de una ley que que declara textualmente que la Constitución no es aplicable en Catalunya, gastar grandes cantidades de dinero en montar «embajadas», agencias gubernamentales y expertos para hacer todo eso.

Han actuado como verdaderos matones de la vulneración de todas las leyes elementales, en primer lugar Constitución y Estatut, fruto de la acción democrática de los que la hicimos, que son las que permiten un funcionamiento razonable de la sociedad, creyéndose, además, los héroes elegidos por el pueblo con bula para hacerlo.

Por todo lo dicho, es muy razonable que sobre esos gobernantes caiga todo el peso de unas leyes que pueden tener contradiciones como cualquier creación humana pero que son, en lo fundamental, correctas. Pero se deben evitar precipitaciones y
excesos.

Volviendo al principio, y teniendo en cuenta la situación creada después de la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la aprobación de la DUI y la consecuente aplicación del artículo 155, el fiscal y la jueza no han sido sensibles políticamente y no han tomado en consideración que el movimiento secesionista había acusado el golpe, y tanto en su aparato ejecutivo dirigente como en los seguidores se había producido un espectacular bajón de la tensión que habían creado, lo cual produjo de inmediato una sensación de liberación de angustias, miedos e inseguridades en el conjunto de la población catalana. Espero que la decisión tomada no vuelva a dar algo de ínfulas a los secesionistas cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Volviendo al asunto principal, al cómo acabará esto después de la aventura anti democrática y autoritaria, en muchos aspectos rayana al fascismo, mírese por donde se mire, veamos el proceso para intentar incidir desde todas las partes civilizadas en el final.

Se ha producido una lenta y pertinaz degradación de todos los mecanismos de funcionamiento de la sociedad catalana, tanto en lo referente a la historia frente a historietas inventadas, a la educación, a la economía pública y privada, a la imposición de brutales recortes sociales y laborales con el pretexto de la crisis, mientras por otro lado los mandamases de la Generalitat y de CDC y entornos se forraban robando a mansalva. Los Pujol, Prenafeta, Millet… CDC y su amplio entorno, no tienen nada que envidiar a Bárcenas, González, Fabra… y PP.

Analicemos también lo sucedido en los últimos diez años para situarnos bien y no perdernos como hacen muchos de los que van de rojos, o comunistas, por el mundo, haciendo ruido con la boca y vociferando frases «revolucionarias» que parecen más bien sacadas del catecismo del padre Ripalda.

Se dice que todo empezó con la reforma del Estatut aprobado en 2006 y, posteriormente, matizado por el Tribunal Constitucional. En 2006 en Catalunya nadie pedía cambios en el Estatut ya que había un acuerdo y una satisfacción popular general con el mismo.

Y cuando nadie pide cambios, los brujos de la competencia por el poder de la Generalitat, encabezados por un President Maragall que quiere competir con Pujol en el terreno nacionalista y no en el social, que sería lo propio de uno que se llama socialdemócrata, elaboran una «Constitución» de casi 250 artículos con mucha retórica identitaria para sustituir a un Estatut de unos escasos 50.

El Presidente Zapatero ya les había dicho en un mítin: «enviádmela» que os la apruebo tal como venga». O sea, que nadie se escaquee de sus responsabilidades, de su contribución a los polvos que trajeron estos lodos. El nuevo Estatut es votado por un 38% de la ciudadanía catalana, con una participación del 49,4% de los catalanes con derecho a voto.

Cuando el Tribunal Constitucional cambia algo de retórica y poco de lo real y lo aprobarlo el 28 de junio de 2010 empieza en 2009 el sarao actual.

El entonces President Montilla, acomplejado por ser el primer President de origen no catalán, hace unas declaraciones estentóreas y encabeza una manifestación contra el «recorte»en la que ya es abucheado por la chusma nacionalista que empieza a quitarse la careta.

Y de allí in crescendo. Van creando un estado de ánimo vacío de valores y principios con sentido histórico y político de clase. Y como ello se produce en plena crisis y la Generalitat conservadora ha recortado derechos sociales y laborales, marcando el camino de recortes en toda España, se inventa el célebre eslogan fascista «España nos roba», que esconde que tanto CDC y socios como el PP realizan las mismas políticas neoliberales y están carcomidos de corrupción.

Crean una caricatura de Catalunya, impulsan la ignorancia de la historia, el sectarismo y van inoculando aspectos de reacción fascistoide en la juventud. También en el Conjunto de España, núcleos de energúmenos de «extrema izquierda» inventan el «muera el 78» ya que la transición fue, según ellos, la traición y la venta al neofranquismo de los que encabezaron desde la izquierda aquel proceso.

Pues bien, en Catalunya, los políticos e «intelectuales» secesionistas neoliberales, sionistas y belicistas impulsan el fin del 78, aprovechando las conquistas de 1978, Constitución y Estatut en primer término, para pretender declarar la independencia de la España que «nos roba» y construir una Itaca catalana, paraíso de todos los mortales. Y así, remitiendo las necesidades sociales y miseria actual al futuro, engatusan a un buen número de catalanes, incluidos jefecillos sindicales y políticos de tres al cuarto.

Y en este contexto, el que defienda el concepto de España, aunque sea en perspectiva federal y republicana, es un maldito «españolista» y «facha», sufriendo un intento de descalificación moral, política y personal que incluye amenazas. Y los días 6, 7 y 8 de septiembre se produce el golpe institucional, cargándose Constitución, Estatut y democracia elemental.

Y el Estado, agarrotado políticamente desde hace años, y acomplejado también, incapaz de haber hecho propuestas políticas de fondo que anulasen en la práctica la demagogia nazional-secesionista, empieza a reaccionar tarde y mal, con la desafortunada, absurda e inútil actuación policial del día 1, que da elementos al victimismo nacionalista para convocar huelgas, manifestaciones y cortes de carreteras y calles.

Todo ello hasta que se produce un hecho inédito: el día 8 de octubre salen a la calle muchos centenares de miles de personas hartas del silencio impuesto, a pronunciarse contra el nacionalismo separatista, en defensa de la España democrática y para que en Catalunya se recupere el «seny», el sentido común, la cordura, la convivencia. Fue un claro mensaje al Govern y a los secesionistas de que la calle no era sólo suya y que había una gran parte de Catalunya que no comulgaba con sus ruedas de molino.

Los siguientes pasos ya los da el Govern a remolque de este hecho, la DUI del día 10, aplazada en el mismo momento de promulgarla en el hemiciclo del Parlament, y firmada con la CUP en un acto cómico en las sala contigua; las exigencias del gobierno del Estado de que Puigdemont aclare si se ha aprobado o no la declaración de independencia, haciendo éste la «puta i la ramoneta» hasta que se decreta el 155 y la convocatoria de elecciones para el 21 D; y como culminación de esta breve etapa, la nueva manifestación anti independentista del día 29 en la que de nuevo participan centenares de miles de personas de la hasta hace poco Catalunya silenciosa.

Lo más curioso del caso, es que además de que la izquierda que se llama alternativa, «Catalunya Si que es Pot», Podemos-Podem, y sus hermanos mayores del PCE, IU Unidos Podemos, etc, ha jugado un papel subalterno y auxiliar de los secesionistas, esa izquierda miente con descaro calificando a la manifestación del 29 de fascista y convocada por todos los grupúsculos fascistas habidos y por haber. Y a mi por intervenir en el mítin, los residuos grupusculares del PCE, IU e «izquierda» revolucionaria de salón, me llaman fascista. No vale la pena ni de contestarles.

¿Y ahora, qué? No cejar, preparar las elecciones del 21, recuperar la convivencia, la política, el funcionamiento democrático y la ley. Ley, Constitución en primer lugar, que queremos reformar, cambiando aspectos concretos que han quedado desfasados en relación a aquel momento que se aprobó, por cierto en Catalunya con el 90% de los votos
afirmativos de los que votaron.

Una Constitución que debe aprobar que el Estado de las autonomías concluye en un Estado Federal, con reformas institucionales para su funcionamiento, el Senado por ejemplo, y hacer imperativos derechos económicos, sociales, de vivienda, laborales. Defendiendo la paz frente a la guerra y el internacionalismo solidario entre personas y pueblos.

Y en mi caso, y en el de los y las que continuamos creyendo en nuestros principios y valores de siempre, la defensa de la República, con horizonte socialista, trabajando para que la clase obrera y trabajadora se una, se comprometa y organice para avanzar hacia una sociedad sin clases.

Podéis decirme que va para largo. Pues bien, continuemos con convicción y fuerza.

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Francisco Frutos Gras fue Secretario General del Partido Comunista de España (PCE) entre 1998 y 2009. Parlamentario del Congreso de los diputados de 1993 hasta 2004. En diciembre de 1999 encabezó la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones generales de marzo del 2000.