FACUA-Consumidores en Acción considera bochornoso que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya inventado que España no puede reducir el IVA de la factura eléctrica de las familias cuando la directiva europea que regula el impuesto permite expresamente a los Estados miembros aplicar tipos reducidos a éste y otros suministros domésticos.
La ministra Montero ha afirmado esta semana que el Gobierno no puede bajar el IVA de la luz «de forma discrecional, sino en armonía con el resto de países». Pero lo cierto, advierte FACUA, es que cada Estado miembro tiene libertad para decidir si aplica el IVA más alto o un tipo reducido.
Bélgica bajó del 21 al 6% hace cuatro años
En este sentido, la asociación recuerda que hace cuatro años Bélgica aprobó bajar el IVA de la luz del 21 al 6%. Con ello comenzó a aplicar el segundo IVA más bajo de la UE, tras el de Reino Unido, que está en el 5%.
La bajada del IVA de la electricidad es una de las reivindicaciones que FACUA ha trasladado al Gobierno. Si pasara del 21% actual al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la asociación tomando como referencia las tarifas de los últimos doce meses con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA super-reducido.
Qué dice la directiva del IVA
Para poner en marcha una bajada del IVA, sólo es necesario comunicarlo a la Comisión Europea, que sólo puede oponerse en el plazo de tres meses si verifica que la medida implica riesgo de distorsión de la competencia.
En su artículo 102, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, establece que «Los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia».
Si un Estado miembro pretende aplicar un tipo reducido de IVA, «lo pondrá previamente en conocimiento de la Comisión», según indica el citado artículo de la directiva. «La Comisión se pronunciará acerca de la existencia de riesgo de distorsión de la competencia. Si la Comisión no se pronuncia a los tres meses de la recepción de la información, se entenderá que no existe riesgo alguno».
Medida raquítica
FACUA ha criticado la raquítica medida anunciada el pasado miércoles por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, la asociación ha advertido de que el descuento en el recibo que podría derivarse de la bajada del impuesto a la generación del 7% a casi cero representaría poco más que el precio de un café.
Según los análisis de FACUA, la factura eléctrica del usuario medio se ha encarecido en un 85,7% en los últimos 15 años, nada menos que 37,26 euros mensuales -tomando como referencia las tarifas semirreguladas de agosto de 2003 y 2018-.
Reivindicaciones al Gobierno
FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La asociación denuncia que la liberalización del sector iniciada en la etapa de José María Aznar ha sido una auténtica estafa a los consumidores y reclama medidas que pongan freno a las prácticas que lleva a cabo un oligopolio que no sólo no quiere competir, sino que especula con unas tarifas que están infladas artificialmente.
La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que le entregó un informe con las Valoraciones y propuestas de FACUA sobre el suministro eléctrico, garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha contra la pobreza energética.
La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria, como tampoco lo supondría la bajada del IVA. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.
La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.
