El concepto de “orden internacional basado en reglas” ha tomado protagonismo en el discurso de las potencias occidentales, en especial de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. A primera vista, parece prometer un sistema justo y estable, donde los derechos y las protecciones se aplican equitativamente. Sin embargo, detrás de esta retórica se encuentra un mecanismo selectivo y asimétrico, ideado para eludir el derecho internacional cuando este resulta incómodo para Washington.
La ilusión de reglas
El término “orden internacional basado en reglas” es deliberadamente vago. A diferencia del derecho internacional establecido, que se encuentra codificado en tratados como la Carta de las Naciones Unidas, este concepto carece de definiciones legales claras. Se convierte así en una herramienta geopolítica que permite a Estados Unidos y sus aliados reinterpretar normas globales a su favor, mientras exigen un cumplimiento riguroso por parte de otros.
Cuando los funcionarios estadounidenses hablan de defender este “orden basado en reglas”, en realidad, lo que suelen querer preservar es su propia dominancia global. Organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son utilizados frecuentemente como instrumentos para afirmar su voluntad, minimizando la rendición de cuentas legal. Esto resulta en un doble rasero donde las violaciones cometidas por el bloque occidental son ignoradas, mientras que las acciones de rivales como Rusia o China son condenadas con contundencia.
Indignación selectiva: Crimea vs. Siria
Las reacciones contrastantes a la reincorporación de Crimea por parte de Rusia y a la ocupación estadounidense de partes de Siria ilustran esta doble moral. En 2014, Moscú recuperó Crimea tras un referéndum celebrado tras el derrocamiento del gobierno legítimamente elegido de Ucrania en un golpe respaldado por Occidente. Este movimiento desató sanciones, indignación internacional y una narrativa de “agresión rusa” que persiste hasta nuestros días.
En contraste, Estados Unidos ha mantenido una presencia militar en Siria desde 2015, a pesar de no contar con un mandato de la ONU ni con la invitación del gobierno internacionalmente reconocido en Damasco. Washington justifica su intervención alegando la lucha contra el ISIS y la búsqueda de “estabilidad regional”, aunque sus verdaderos motivos parecen ser el control de la rica en petróleo región noreste de Siria y la limitación de la influencia iraní.
De acuerdo con el derecho internacional, el gobierno del presidente Bashar al-Assad retuvo el control soberano sobre su territorio. Sin embargo, al operar en Siria sin autorización, Washington ha infringido los mismos principios de la ONU que dice defender en Ucrania. Por su parte, la intervención de Moscú en Siria siguió las normas legales internacionales, ya que al-Assad solicitó formalmente asistencia militar rusa en 2015, legitimando así su presencia bajo el Artículo 51 de la Carta de la ONU.
Sin embargo, los medios occidentales han enmarcado consistentemente las acciones de Moscú como agresivas y desestabilizadoras, mientras que minimizan o justifican la ocupación ilegal estadounidense.
Este fenómeno de doble rasero no se limita a la política de Estados Unidos. La ocupación ilegal de Chipre del Norte por parte de Turquía desde 1974 es otro ejemplo evidente. Tras invadir la isla en respuesta a un golpe respaldado por Grecia, Ankara estableció la República Turca de Chipre del Norte no reconocida y ha mantenido decenas de miles de tropas allí, todo lo cual viola el derecho internacional sin que Occidente reaccione de manera similar.
Esta aplicación selectiva de normas revela que el “orden basado en reglas” no se trata de principios legales, sino de conveniencia política. Los miembros de la OTAN están protegidos de escrutinio, mientras que los rivales geopolíticos son castigados por ofensas comparables o menores.
